La tercera parte del presupuesto nacional está destinada a atender las deudas, no a disminuirlas. La deuda costarricense sigue creciendo y su impacto sobre futuros planes de gastos podría ser mayor. La situación asusta, no por las consecuencias probables y futuras, sino por los efectos ciertos y actuales.
Lo que queda del presupuesto, luego de restar el 33% exigido por la deuda y el 29% destinado a educación, no alcanza para financiar actividades básicas del Estado. Una de las más sacrificadas es la seguridad pública, tanto en el frente administrativo como en el judicial. El ministerio del ramo tendrá, en el 2017, la participación más baja en un presupuesto desde el 2010. En el 2014, se le asignó el 3,4% de los recursos. En el 2017 tendrá el 2,5%. La disminución porcentual implica, también, una considerable reducción en términos absolutos, es decir, en colones contantes y sonantes.
El recorte de gastos obligará a evitar inversiones en equipos cuya ausencia pronto se hará notar. Los vehículos, por ejemplo, se dedican al patrullaje las 24 horas del día. Son sometidos al maltrato de persecuciones y a los accidentes propios del uso continuo. Al mismo tiempo, son un elemento indispensable de la capacidad de respuesta ante las emergencias.
En febrero, el ministro Gustavo Mata compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para describir la dramática situación de su despacho. Llevaba la intención de urgir la aprobación del nuevo impuesto a las personas jurídicas, en sustitución de la versión anterior, declarada inconstitucional por la Sala IV debido a un defecto de tramitación.
Mata advirtió de la posibilidad de perder capacidad operativa, con graves consecuencias para la seguridad ciudadana. En ese momento, no podía sospechar los recortes del plan de gastos del 2017, cuya presentación todavía era remota. Informó a los diputados de la falta de uniformes, sus temores por un retroceso en la calidad de la alimentación ofrecida a los policías, el deterioro de las instalaciones físicas y la necesidad de comprar y sustituir equipos.
Pero la restricción presupuestaria del 2017 también afectará la seguridad ciudadana en el frente judicial. El OIJ, el Ministerio Público y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos están entre los candidatos a una fuerte reducción de gastos. Por otra parte, al Ministerio de Justicia no le irá mucho mejor y la porción del impuesto sobre las personas jurídicas que le corresponde para mejorar las operaciones de la Dirección General de Adaptación Social solo se materializará cuando la Asamblea Legislativa apruebe la nueva versión del tributo, en cuya ausencia el Ministerio de Seguridad tiene un faltante adicional de ¢40.000 millones.
La Asamblea Legislativa debe acelerar el trámite del nuevo impuesto. Costa Rica experimenta grandes retos en materia de seguridad pública. Las recientes guerras del narcotráfico en la zona sur de la capital son apenas una muestra. Otras formas de delincuencia pueden resurgir si se les da oportunidad.
La rápida aprobación del proyecto contribuiría significativamente a enfrentar la situación planteada por el restrictivo plan de gastos del 2017, pero la verdadera solución está en emprender la reforma estructural necesaria para equilibrar las finanzas públicas considerando la doble vertiente de la creación de nuevos ingresos y la racionalización del gasto.
Por lo pronto, hemos escogido reducir las erogaciones obligados por las circunstancias, no como parte de un plan bien concebido para eliminar el desperdicio y reducir el privilegio. En consecuencia, hemos comenzado a tocar áreas de gran importancia para el bienestar ciudadano, como la seguridad pública.