Las noticias sobre pensiones son cada vez más alarmantes. Si no versan sobre el insoportable peso de las jubilaciones de lujo en el presupuesto nacional, apuntan a la necesidad de aplicar dolorosas reformas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Pero en medio de ese sombrío panorama hay una buena noticia, proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) creado en el año 2000 por la Ley de Protección al Trabajador. La juventud de ese régimen ha impedido, hasta ahora, utilizarlo como es debido. La mayor parte de los afiliados retiran la totalidad de sus fondos porque el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley impide acumular el capital necesario para recibir un pago mensual significativo. Tampoco es rentable administrar esos exiguos fondos y pagar las pequeñas pensiones resultantes.
Para los jubilados de años recientes, el ROP no ha sido un plan de pensiones, sino un programa de ahorro exigible en un solo pago el día de la jubilación. La buena noticia es que a pesar de su falta de madurez, el sistema comienza a cambiar y crece el número de jubilados que en lugar de liquidar su fondo se acogen al sistema de “retiro programado” (se divide el dinero entre los años restantes de expectativa de vida para después calcular una suma mensual) o al sistema “permanente” (la pensión es el producto de los rendimientos del capital acumulado).
A menos de dos décadas de su creación, el ROP comienza a operar como un régimen de pensiones y el pago promedio mensual ya ronda ¢94.000, una suma significativa, en especial cuando se le compara con la pensión promedio del IVM. Si el ROP no da para pagar una mensualidad de al menos el 10% de la pensión básica (la del IVM, por ejemplo) el trabajador debe retirar la totalidad del dinero, pero el 11% de las personas ya califican para el pago mensual, es decir, superan la barrera del 10% y su número crecerá aceleradamente en los años que faltan para conseguir la madurez del régimen.
Quien ahorre durante 35 años, un lapso similar al del IVM, contará con una pensión complementaria del 18% del salario, es decir, más de una tercera parte adicional al monto pagado por el IVM que, a partir del 2015, reparte beneficios de entre el 43% y el 52,5% del salario de referencia. Si ese afiliado aprovecha la posibilidad de cotizar para el régimen voluntario, también creado por la Ley de Protección al Trabajador, sus jubilaciones complementarias no estarían lejos de equipararse con las ofrecidas por la seguridad social.
Pero los fondos acumulados para ofrecer tan importantes beneficios despiertan la voracidad del Estado y es preciso estar atentos para defenderlos a cada paso. Primero, el Ministerio de Hacienda intentó hacer de lado la voluntad del legislador de eximir a los pensionados del ROP y del régimen voluntario de pagar el impuesto sobre la renta. La Asamblea Legislativa se vio obligada a aprobar una interpretación auténtica para evitarlo. Ahora, altos funcionarios de la CCSS contemplan la posibilidad de decomisar los fondos para echarlos a la olla del IVM y posponer la crisis creada por la irresponsabilidad de la institución.
Esos intentos de apropiarse del dinero de los trabajadores asemejan tentativas de estafa. Los afiliados aportan al ROP convencidos de acumular, en una cuenta individual, un capital suficiente para la futura pensión, exenta del impuesto sobre la renta. Esa fue la promesa del Estado con la Ley de Protección al Trabajador y solo puede ser incumplida si media engaño o subterfugio.
Entre las razones esgrimidas en el 2000 para aprobar la Ley de Protección al Trabajador estaba la necesidad de estimular el ahorro para compensar, en el futuro, la inevitable pérdida de valor de los beneficios otorgados por los demás regímenes de pensiones. El sistema comienza a dar frutos. Sería un crimen destruirlo.