La organización internacional Reporteros sin Fronteras ubica a Costa Rica en el sexto puesto de la clasificación mundial de la libertad de prensa. Apenas la superan los países nórdicos y Holanda. En esta parte del mundo, solo Jamaica comparte una posición entre los diez primeros, la octava.
Clasificaciones como esta no son producto de medidas exactas. Siempre son discutibles, sobre todo entre países muy próximos en la lista, pero la buena ubicación es un importante indicador de ambiente favorable a la libertad de prensa. Nuestro país tiene derecho a un sano orgullo, pero no a dormirse en los laureles. Nuestro régimen de libertad de expresión es perfectible y sus defectos saltan a la vista.
No hemos conseguido impedir el uso arbitrario de la publicidad estatal como premio o castigo, aunque la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto con meridiana claridad. Los funcionarios estatales todavía consideran suya la información recopilada por las instituciones donde laboran y ponen obstáculos para suministrarla, pese a las garantías de acceso a los datos de interés público. Hay periódicos arranques desde el poder para intimidar a la prensa y hasta pretensiones de someterla a juicio político.
El marco jurídico aplicable a los delitos contra el honor también necesita reforma. La materia sigue confiada a la jurisdicción penal, cuyos jueces han hecho un difícil ejercicio de adaptación de las mejores doctrinas, muchas de ellas provenientes de países donde este tipo de faltas son conocidas por los tribunales civiles, de conformidad con normas muy estrictas sobre la responsabilidad (se exige dolo directo o cuando menos eventual) y el valor del interés público como defensa.
Pero la razón de los avances habidos en Costa Rica durante las últimas décadas puede ser hallada en los tribunales. Muchas veces tuvo la Asamblea Legislativa la oportunidad de hacer reformas para producir saltos cuantitativos, pero los diputados siempre pusieron por delante los estrechos intereses de la clase política, adversa al escrutinio de la prensa y los frenos impuestos por la opinión pública.
Entonces, los tribunales se encargaron de ajustar paulatinamente la legislación por vía de la interpretación jurisprudencial. Las sentencias comenzaron a incorporar elementos de la mejor doctrina y jurisprudencia extranjera, entre ellas la consideración de la prueba de la verdad como una defensa y no como un requisito en cuya ausencia había condena, con lo cual se invertía la carga de la prueba y al informador se le consideraba culpable mientas no demostrara su inocencia.
Los jueces locales tuvieron el acicate de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emprender la paulatina reforma. Los magistrados interamericanos señalaron el camino con el caso Herrera y los largos debates habidos en el país comenzaron a dar frutos en sentencias que resolvieron conflictos de una prensa siempre empeñada en retar los límites impuestos por la legislación arcaica.
El aporte de la Sala Constitucional al progreso conseguido es también extraordinario, especialmente en materia de acceso a la información. En la misma sede hubo adelantos en cuanto al reconocimiento de la protección debida al secreto profesional y el derecho de los informadores a reservarse sus fuentes. Últimamente, la Sala también se pronunció sobre las mejores prácticas para la distribución de la publicidad oficial.
El ascenso de Costa Rica en las clasificaciones internacionales es motivo de orgullo pero no de autocomplacencia y abandono del propósito de mejorar. Si bien el clima general es de libertad de prensa y expresión, hay aspectos donde es posible avanzar y no existe ningún motivo para renunciar a hacerlo.