El presidente estadounidense, Barack Obama, en un mensaje al país difundido el jueves, dio a conocer su nueva iniciativa migratoria cuyo objetivo, según explicó, es aligerar el paso hacia la legalidad de 5 millones de los 11 millones de inmigrantes hasta ahora carentes de una condición jurídica que los proteja de la deportación.
El plan de Obama, cuyo texto circula ampliamente, procede de conformidad con la autoridad ejecutiva reclamada por el presidente. La Casa Blanca mantiene que el plan pertenece primordialmente a la esfera de los reglamentos, que no exigen acción del Capitolio. Este aspecto fundamental, concerniente al sustento constitucional del plan, no ha tardado en provocar una gresca de grandes proporciones entre los demócratas (afines a Obama) y los republicanos que asumirán el control del Congreso en el primer día de enero.
Ya se vaticinan acciones judiciales, sobre todo de orden constitucional, que amenazan transformarse en una lucha de titanes ante los tribunales e, incluso, la Corte Suprema. Sin duda, el tema es complicado y promete atizar las llamas de la confrontación en los bufetes y los estudios de televisión.
Más allá de estas batallas, no podemos soslayar el rostro humano de miles de trabajadores indocumentados, sobre todo en la agricultura, además de los dedicados a una multiplicidad de tareas que afectan la vida diaria de los norteamericanos. Por ejemplo, es imposible disociar la presencia de los ilegales de la dieta estadounidense, desde las frutas recogidas por ellos hasta los empleados que preparan todo tipo de comidas.
La proclama de Obama augura, por ahora, detener las deportaciones y aumentar los permisos de trabajo. Despierta grandes ilusiones entre obreros de muchas nacionalidades, especialmente los latinoamericanos.
El plan para los inmigrantes anunciado el jueves constituye un remezón político que, para empezar, tiende a oscurecer la imagen resplandeciente ganada por los republicanos en las recientes elecciones de medio período. Para peores, según dicen los republicanos en los corrillos del Capitolio, revive la efigie vencedora de Obama, hasta ahora en descenso, y abre prometedoras vías para los demócratas.
Los hispanos constituyen un premio electoral que los partidos políticos no pueden ignorar, en particular los demócratas, que, gracias en gran parte al voto latino, ya instalaron a Obama dos veces en la Casa Blanca. Los republicanos han llevado las de perder en las competencias por los votos hispanos. Con sus nuevos regaños a los demócratas, arriesgan otro descenso en los sufragios latinos de los torneos venideros.
No debemos olvidar que el plan migratorio de Obama no es permanente. Otro presidente podría revocarlo. Numerosos presidentes estadounidenses, en su momento, también adoptaron medidas migratorias importantes por la vía de las acciones ejecutivas. Vienen a la memoria Ronald Reagan y, el más reciente, George W. Bush, que detuvo así la deportación de 1,5 millones de familiares de indocumentados. En contraste, Obama, en seis años, ha deportado a 2 millones de inmigrantes ilegales.
También es importante puntualizar que los 11 millones de indocumentados incluyen a 1,2 millones de asiáticos y a medio millón de europeos, y que los indocumentados, en general, han pagado hasta el último período $11.200 millones en impuestos locales y estatales, así como cargos de la seguridad social.
Es innegable que el programa anunciado por Obama es positivo. En el recuento que periódicamente se realiza de los avances en materia migratoria en Estados Unidos, habrá que analizar los resultados concretos de esta iniciativa. Esperemos que confirme los buenos augurios que, hasta la fecha, ha recibido de los entendidos, y que demócratas y republicanos lo transformen en una iniciativa bipartidista para el próximo Gobierno. Ese sería un giro muy beneficioso.