Un taxista recogió a tres clientes en El Infiernillo, un caserío de Santa Rita de Alajuela. Le pidieron dirigirse a Pueblo Nuevo. Había manejado unos 25 metros cuando comenzaron a llover balas sobre el vehículo. Uno de los pasajeros sufrió un tiro en la cabeza y el otro, dos en el abdomen. El conductor se alejó como pudo y llevó a los heridos al hospital.
La Policía encontró en el sitio 30 casquillos de balas de 9 milímetros. En consecuencia, sospecha de la intervención de al menos tres atacantes y del uso del mismo número de armas. El ataque en cuadrilla parece sacado de una película de gánsteres, más propio del Chicago de la época de prohibición, pero sucedió en Alajuela.
Eso ya no asombra. Ataques similares para ajustar cuentas o eliminar competidores en el mercado de la droga se han hecho comunes en Costa Rica. Sorprende, sin embargo, que la descripción de las víctimas en nada encaja con las figuras del crimen habitualmente involucradas en este tipo de atentados. Son niños, de 13 y 14 años.
El tercer pasajero salió ileso, porque viajaba en el asiento de adelante, al lado del chofer. Tiene 15 años. Tampoco el conductor sufrió daños porque los disparos se hicieron desde unos diez metros, contra la parte trasera del vehículo. Es decir, los blancos del atentado, a juzgar por las circunstancias, eran los chiquillos más jóvenes.
Los tres deberían estar en la escuela, o dedicados a las diversiones usuales de la gran mayoría de preadolescentes, pero son miembros, según la Policía, de una banda conocida como “Los Huevitos”. Ya tienen historial en la Fiscalía Penal Juvenil. Se les vincula con asaltos a escolares, robo de droga a los adictos y violentas balaceras, una de ellas durante la celebración de la Fiesta de la Alegría en la escuela de Santa Rita.
Los niños no se hacen criminales en el vacío. Las condiciones sociales de un barrio marginal, dominado por las pandillas y el tráfico de drogas, exigen un esfuerzo heroico a los padres decididos a mantener a sus hijos lejos del crimen que los rodea. Las víctimas del atentado apenas tuvieron oportunidad de tomar una ruta diferente. Si se salvan (ambos están en condición crítica) tampoco parece haber oportunidades para ellos en el futuro. Son muy altas las probabilidades de que estén condenados a una vida corta o a largas estadías en prisión.
Zonas como El Infiernillo requieren de un abordaje especial del Estado. El problema es policial y de política criminal. No es posible negarlo. Es preciso desarticular las bandas conformadas por adultos, que con frecuencia se valen de los menores para desarrollar actividades delictivas. En especial, es necesario arrebatar el control del territorio a los narcotraficantes. Pero también hay en El Infiernillo y zonas similares un problema de política social y asistencia, particularmente en materia de defensa de la niñez.
La marginalidad sufrida por los residentes de estos barrios les asigna el papel de víctimas de la delincuencia, no solo por la posibilidad de un ataque directo o una herida en circunstancias de fuego cruzado, sino también por la amenaza constante de reclutamiento de los menores por las pandillas.
La intervención directa y focalizada de las instituciones capaces de brindar ayuda es en estos casos necesaria, incluidas las iniciativas existentes en el sector privado y otras que puedan llegar a existir. Se trata de zonas donde los programas de asistencia diseñados en forma general no bastan para combatir el problema específico de la criminalidad. Son caso aparte y así deben ser abordadas. El conmovedor caso de dos niños que hoy se encuentran entre la vida y la muerte explica por qué.