La Cámara Costarricense de la Construcción califica a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), como “un atajo poco eficaz”. La frase responde a las promesas de conseguir mayor celeridad en la ejecución de obra pública mediante la intervención del organismo internacional, no sujeto a procedimientos establecidos para otras entidades.
Los resultados de la Unops no son los esperados y, en su lugar, hay varias actuaciones polémicas. Si bien la independencia de la entidad fue ofrecida como uno de sus atractivos, el ejercicio de esa cualidad llega al punto de negar documentación a la Contraloría General de la República. Así se pasa de la agilidad a la falta de transparencia.
Por otra parte, la versatilidad del organismo internacional sirvió para canalizar por su medio fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica destinados por el gobierno para hacer estudios de opinión e imagen. La licitación fue cancelada apenas la prensa dio a conocer su existencia, pero la Unops no tuvo reparos en participar de una contratación con tan claras repercusiones en la política interna.
El “atajo”, a la luz de esos hechos, plantea importantes complejidades, pero quizá sea más importante la “ineficacia” señalada por la Cámara. El gobierno contrató con la Unops $134 millones en obras, incluidos los nuevos puentes sobre el río Virilla, entre Santa Ana y Lindora, el de la ruta 32, en Tibás, y tres pasos a desnivel en la Circunvalación, pero a la fecha solo el trabajo de Lindora está en camino.
Las demás tareas están en espera de la resolución de expropiaciones y otros escollos que tradicionalmente entorpecen el desarrollo de obra pública. Quizá la Cámara tiene razón y fuimos demasiado optimistas al saludar el establecimiento de la agencia de las Naciones Unidas en el país, en lugar de fijar la vista en los problemas legales y políticos responsables de los atrasos.
En lugar de buscar “atajos”, es preciso estudiar los procedimientos establecidos por la ley y encontrar medios para agilizarlos. La propia Contraloría General de la República tiene sugerencias y años de práctica indican las debilidades. También es preciso exorcizar los demonios ideológicos cuya gravitación impide al país echar mano de las alianzas público-privadas tan comunes en el resto del planeta.
Si bien los recursos de apelación y los mecanismos de control previo dan cuenta de buena parte de las dificultades, otras son producto de la gestión administrativa, la confección de los carteles de licitación y el cumplimiento de requisitos. Infinidad de licitaciones se han tornado ineficaces por incumplimientos de esa naturaleza. Aparte de revisar los procedimientos y repensar los prejuicios, es necesario capacitar a los administradores.
El país debe ser capaz de promover concursos, adjudicar obras y supervisar su ejecución sin sacrificar la transparencia. En cualquier caso, ejemplos recientes han dado muestra de los medios utilizados para ampliar las obras y sus costos sin licitación ni concurso, con lo cual se tornan ineficaces los controles vigentes.
El país tampoco puede renunciar completamente a esos controles en virtud de la intervención de la Unops con sus normas y procedimientos particulares. Como bien dijo la Contraloría, “debe recalcarse que la aplicación de las normas propias de adquisiciones por parte de la Unops no supone desconocer la naturaleza de los fondos públicos encomendados para la ejecución de proyectos que cumplen necesidades colectivas, lo que implica respetar los principios de contratación administrativa”. El experimento ha servido para darnos claridad sobre estos temas.