El vínculo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el narcotráfico dejó de estar en duda hace muchos años. La guerrilla, cuya justificación política es cada vez menor en un país de intensa práctica democrática, encuentra fuentes de financiamiento en el ilícito comercio de drogas.
No es extraño, en consecuencia, encontrar alijos de las FARC donde aparecen mezcladas, como parte del mismo tráfico, drogas, armas e importantes sumas de dinero. El decomiso de 35 armas y 492 kilos de cocaína en pleno San José podría convertirse en una reiteración del fenómeno, si el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logra confirmar la hipótesis de pertenencia de los detenidos a las FARC.
Por lo pronto, la agencia antidrogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Agency, DEA) sostiene esa hipótesis. Lo hace con alto grado de credibilidad, porque fueron precisamente los agentes estadounidenses quienes alertaron a nuestras autoridades de la presencia de la célula desarticulada la semana pasada.
Con la información en su poder, el OIJ ejecutó una bien diseñada y valiente operación de infiltración, compra simulada y, finalmente, arresto de los sospechosos: un costarricense y tres colombianos con residencia en nuestro país por haber contraído nupcias con nacionales.
Si se confirmara la relación entre los detenidos y las FARC, el incidente no sería el primer indicador de la presencia del grupo guerrillero en Costa Rica. La computadora encontrada en el campamento donde murió Raúl Reyes, comandante de la fuerza irregular, permitió a las autoridades colombianas advertir a las costarricenses, en el 2008, sobre el ocultamiento de $480.000 en una casa de Santa Bárbara de Heredia. El dinero era parte del rescate pagado a las FARC por la liberación de dos ejecutivos de una transnacional farmacéutica, según la Policía.
Tráfico de armas, secuestro, lavado de divisas y trasiego de drogas, amén de la sangre vertida en un país hermano, son razones de sobra para impedir a las FARC cualquier margen de maniobra en Costa Rica. Por eso sorprende la laxitud de los controles ejercidos en el caso resuelto la semana pasada.
Los tres detenidos, si bien son residentes como consecuencia de su matrimonio, algún día franquearon nuestras fronteras, probablemente sin estar casados con costarricenses. Ninguna revisión de antecedentes, al parecer, alertó de sus nexos con la guerrilla colombiana, razón suficiente para impedirles el ingreso.
Como suprema burla a los controles ejercidos por nuestro país, los hombres se dedicaron al negocio de la armería, a cuyo amparo trasegaron a su antojo armas de alto calibre. Francisco Segura, director del OIJ, no oculta su sorpresa y repudio a la falta de fiscalización: “Quisiera saber cómo una persona puede importar 30 o 40 AR-15… y luego importar 30 o 40 más”, sin levantar sospechas en un mercado tan reducido como el nuestro.
Para completar la demostración de nuestra baja seguridad, la alerta sobre la operación de la célula en el país provino del extranjero y es de suponer que, en ausencia de esa ayuda, el grupo desarticulado habría seguido operando, no se sabe por cuánto tiempo, con toda naturalidad.
El peligro de las FARC es real y debe ser tratado como asunto de seguridad nacional, no como un mero episodio policíaco. La coordinación con las autoridades colombianas debe ser intensa. No hace mucho, los dos países intercambiaron visitas de expertos y autoridades políticas para establecer medios de cooperación. Es interés de ambos países perfeccionarlos.
Nuestra diplomacia también debe tener en cuenta el verdadero carácter de las FARC y la naturaleza de sus actividades en territorio nacional a la hora de comprometerse en gestiones políticas, como sucedió en el pasado.
La guerrilla colombiana es un negocio oscuro y es mejor mantenerlo alejado.