Siempre lo sospechamos, mas no por eso la información deja de sorprender. Cada clima y uso exige un tipo de asfalto diferente, pero en nuestro país se aplica la misma fórmula en cualquier circunstancia y lugar porque la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) no importa ninguna otra. En consecuencia, la vida útil de las vías se reduce a la mitad.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) recomienda utilizar al menos tres emulsiones distintas para impedir el agrietamiento precoz y la pérdida de resistencia al agua. Recope no lo niega, pero dice tener las manos atadas pues la importación de otros tipos de asfalto exige autorización mediante un decreto ejecutivo.
José Luis Salas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) niega la necesidad del decreto y, en su criterio, Recope tiene potestades plenas sobre el asfalto. El Conavi no puede exigir la importación de un asfalto diferente y se limita a constatar el cumplimiento de las especificaciones del producto distribuido por Recope.
La discusión es extraña. Si el decreto es necesario, urge emitirlo. Si no, Recope debe cumplir con la entrega del material adecuado. Si hay duda sobre una u otra cosa, la imaginación no alcanza a explicar por qué no se ha hecho lo necesario para disiparla y, sobre todo, urge una explicación de las razones que pesaron para no hacer nada mientras el país desperdiciaba millones en la construcción y reparación de vías destinadas a una corta vida.
Urge, también, explicar cuánto tiempo más durará el desperdicio. Si no, es igualmente perentorio desmentir a Luis Guillermo Loría, del Programa de Infraestructura del Transporte, en cuyo criterio la falta de adecuación del asfalto a las condiciones de temperatura y uso reduce la vida útil de las vías a la mitad. De paso, es importante desmentir también al Lanamme, que recomienda no utilizar el material disponible en autopistas de alto tránsito, como la General Cañas.
La urgencia de los desmentidos responde a la necesidad de asegurarle al país la correcta inversión de los fondos públicos. Si Loría y Lanamme tienen razón, los criterios de inversión dejan mucho que desear desde hace una década. En consecuencia, la calidad de la infraestructura se ha visto afectada con demasiada ligereza.
Recope, como apuntamos, no desmiente a los críticos. Roberto Coto, ingeniero de la institución, solo explica que el cambio a otros tipos de asfalto implica un aumento del 20% en el precio. La relación costo-beneficio existente entre un 20% más en el precio y un 50% más en la vida útil de la vía apenas despierta dudas. Invertir el 20% menos en una carretera que durará la mitad del tiempo es una mala decisión económica y un significativo aporte al desastre vial.
Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, dijo coincidir con el Lanamme y propone un estudio de rentabilidad para determinar si el precio se justifica por la mayor vida útil del asfalto. No parece haber lugar a dudas si, en efecto, las vías construidas con el material idóneo durarían el doble, pero bienvenido el análisis si es necesario para despejar interrogantes.
Lo inimaginable es que durante diez años no haya sucedido nada: ni el estudio de rentabilidad, ni el decreto, ni la importación por Recope y ni siquiera la discusión imprescindible para darle al país seguridad del buen uso de los fondos públicos, por lo menos en el momento de tomar las decisiones básicas sobre los materiales a emplear.
El coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte señala la contribución de otras deficiencias, como las fallas de diseño y la mala ejecución de labores previas, a la corta vida de nuestras vías. No está de más revisar esos problemas pero, cuando menos, debemos aspirar a pavimentar las calles con el material adecuado.