El 63% de las muertes en carretera ocurren entre las 6 p. m. y las 6 a. m. A estas mismas horas se producen las más flagrantes violaciones de la ley de tránsito, como las carreras ilegales, conocidas como piques. Justo en esos momentos, los policías de tránsito escasean y la vigilancia prácticamente desaparece.
Las autoridades no encuentran el remedio y la ley, una de las más sufridas y tardadas en la historia del tortuoso proceso legislativo nacional, es letra muerta. Cuando hay quien la aplique, sus defectos a menudo lo impiden y, como acabamos de señalar, muy a menudo ni siquiera hay quién la haga cumplir.
Las muertes, los heridos y la agresión contra la calidad de vida constituyen una verdadera emergencia nacional, pero la reacción estatal es desesperantemente lenta. La posibilidad de incorporar a los oficiales de la Fuerza Pública al control del tránsito existe desde hace años, pero la propuesta de un convenio entre los ministerios de Seguridad Pública y Obras Públicas y Transportes es una novedad y falta todavía la firma del acuerdo para comenzar a capacitar a la Guardia Civil.
Otro tanto puede decirse de la participación de las policías municipales, también facultadas por ley para ejercer funciones de vigilancia del tránsito, con una capacitación previa. Los buenos resultados obtenidos en Cartago, Tres Ríos, Heredia, Alajuela, Barva, Mora, Santa Ana y San Rafael no bastan para impulsar el cambio en los demás concejos.
La burocracia innecesaria abunda en muchas instituciones y crecen los presupuestos para financiarla. Sin embargo, hay solo 763 tráficos y el faltante se calcula en 1.100, una fracción de las plazas abiertas sin ton ni son en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el segundo quinquenio de este siglo.
Si el Estado encontrara cómo racionalizar el gasto, podría remediar el faltante de policías de tránsito sin incrementar las erogaciones, limitadas por factores de sobra conocidos. De paso, aliviaría las finanzas de la propia CCSS, para las cuales los crecientes costos de atención de accidentes son ruinosos.
Un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos, que siempre comienza por reverenciar la vida, no debería permitir semejante masacre en las carreteras. Las muertes en accidentes viales superan en número las causadas por la delincuencia, incluido el narcotráfico.
Tampoco debe ser indiferente a las disrupciones de la vida pacífica creadas por facinerosos cuyo orgullo se alimenta con la producción de humo, ruido y peligro para la vida y propiedad ajenas. Los efectos perniciosos de los dos primeros están bien documentados por la Organización Mundial para la Salud y organismos similares. La privación del sueño, para mencionar solo uno de los efectos del abuso de las vías públicas, deriva en importantes afecciones sicológicas.
El objetivo de recuperar las ciudades, ordenar la vida urbana y aprovechar mejor los suelos será una quimera mientras los infractores de la ley imposibiliten habitar en paz los grandes centros de población.
La Asamblea Legislativa ya tiene entre manos iniciativas destinadas a remediar las omisiones de la ley y es imposible entender la lentitud del trámite, visto el panorama en las calles y la poca conflictividad de las reformas. Los cambios urgen, incluidos los necesarios para sumar el uso de recursos tecnológicos a la labor policial. La vigilancia electrónica ha tropezado con obstáculos en la Sala Constitucional, pero no ha sido prohibida. Es imperativo revisar las sentencias para encontrar la forma de aplicarla. No es posible aceptar que seamos el único país del mundo donde un instrumento tan útil, cuya utilización puede ahorrar muchas vidas y sufrimientos, es incompatible con la Constitución Política.