El prestigioso Informe sobre el Estado de la Región, la Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y el Ministerio de Vivienda coinciden en señalar las dañinas consecuencias del crecimiento desordenado de la Gran Área Metropolitana, una mancha urbana extendida sin freno ni racionalidad hacia la periferia a un ritmo capaz de multiplicar su área 2,5 veces en apenas cuatro décadas.
La falta de políticas públicas para el ordenamiento territorial, la inaplicación de las existentes, la ausencia de planes reguladores, la insuficiencia de los promulgados y el desorden en las municipalidades dejan el crecimiento al arbitrio de los desarrolladores, cuyo natural impulso es guiarse por la rentabilidad.
En consecuencia, el costo de la infraestructura pública es exorbitante, porque las obras deben alcanzar un área excesivamente extendida. Esa circunstancia, aunada a la escasez de recursos, afecta la disponibilidad de los servicios y, con ella, la calidad de vida en las ciudades costarricenses.
En la periferia, el costo de la tierra es menor. A falta de regulación, ese incentivo se torna irresistible. La ciudadanía sufre las consecuencias, por ejemplo, cuando intenta desplazarse por los congestionados accesos al centro de la capital. Si bien la tierra es más barata en la periferia, extender hasta ella la infraestructura pública resulta muy caro, sobre todo si se toma en cuenta el desarrollo urbano existente, que podría ser aprovechado en una ciudad más densamente poblada.
El crecimiento horizontal de las poblaciones también ha engullido tierras fértiles, áreas con otras vocaciones y amenaza los acuíferos indispensables para mantener el suministro de agua. El tratamiento de desechos, tan deficiente en nuestro país, se torna prácticamente inmanejable. La densidad poblacional de San José es la más baja de Centroamérica, según el informe, con apenas 3.441 habitantes por kilómetro cuadrado.
A pesar de las evidentes ventajas de poner freno a la expansión desordenada, solo una minoría de los 31 municipios comprendidos en la Gran Área Metropolitana tiene planes reguladores y los proyectos encargados por el gobierno central se han convertido en una sangría de recursos, al ritmo de $22 millones en la última década.
Ninguna de las tres iniciativas desarrolladas en esos diez años se concretó y todavía está fresca la memoria de la grave descoordinación institucional revelada por la presentación del plan de Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana (Prugam).
Quince millones de euros y varios años después de iniciados los estudios, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) encontró deficiencias, entre ellas riesgos para las zonas de protección ambiental y poca relación entre las fuentes de empleo y el crecimiento de la población en zonas específicas. Los encargados del programa respondieron censurando al INVU por no acudir a las invitaciones para participar en la elaboración del plan, pese a su condición de ente rector del desarrollo urbano. La institución dijo carecer de competencia para supervisar el desarrollo del proyecto, pero el Ministerio de Vivienda afirmó lo contrario y se mostró sorprendido porque no lo hubiera hecho.
Más allá de los méritos del costoso proyecto y de la discusión desatada por sus aspectos polémicos, el ejercicio demostró la desidia institucional frente a la urgente necesidad de ordenar el crecimiento urbano, una tarea todavía pendiente después de tantas décadas de alocado y dañino desarrollo.