La crisis fiscal y las sombras proyectadas sobre el futuro económico del país obligan a los aspirantes a la presidencia de la República a ofrecer respuestas más o menos distanciadas de la demagogia. Algunas son ingenuas y no todas están divorciadas del populismo, de cuya práctica surgieron los problemas, pero el debate está abierto y entre sus protagonistas hay disposición a asumir el riesgo de plantear soluciones necesarias, aunque impopulares.
Entre los cinco mejor ubicados en las encuestas hay consenso sobre la necesidad de transformar el tributo sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA) y, con la sola excepción del libertario Otto Guevara, todos muestran comprensión de la utilidad del IVA como mecanismo de control de la evasión. Por eso, se pronuncian por la necesidad de eliminar exenciones para no interrumpir la cadena de declaraciones exigida por el IVA, y prefieren plantear tasas diferenciadas para determinados productos de consumo esencial.
Todos, sin excepción, se pronuncian contra los mecanismos de aumento salarial automático que impiden elevar el salario de los servidores públicos peor pagados sin disparar incosteables alzas en otros sectores de la Administración. A esos efectos, la mayoría defiende la necesidad de una ley de empleo público y el freno al crecimiento de la planilla estatal.
También coinciden en la necesidad de revisar los regímenes de pensiones y limitar sus beneficios, especialmente los de las “pensiones de lujo”. En el punto de las jubilaciones, José María Villalta, del Frente Amplio, se aparta del realismo y propone como solución la erradicación de duplicidades y gastos administrativos innecesarios, una meta deseable pero insuficiente.
También ofrece estudios actuariales “para ver opciones de sostenibilidad sin golpear al trabajador”. El condicionamiento puede ser grato a quienes aplauden el populismo, pero prejuzga el resultado de los estudios actuariales. Y ¿si de ellos se desprende, por ejemplo, la necesidad de elevar la edad de retiro? Tampoco Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, pasa de recomendar la limitación de las pensiones más elevadas, para dejar lo demás como está.
Los candidatos proponen, con matices, la revisión de las leyes que asignan destinos específicos a determinados ingresos estatales, pero el socialcristiano Rodolfo Piza insiste en aplicar “las leyes vigentes con rango constitucional”, sin detenerse a señalar la imposibilidad de trasferir el 10% del presupuesto nacional a las municipalidades, salvo que esté dispuesto a causar una debacle económica o a cerrar la mitad del Gobierno.
El liberacionista Johnny Araya plantea revisar cuáles de esas leyes podrían ser derogadas y cuáles podrían irse cumpliendo “sobre la base de la consolidación fiscal”, pero esa consolidación, si se acomete con empeño, difícilmente dejará recursos disponibles para honrar compromisos no cumplidos en el pasado. De lograrse la reforma fiscal, los nuevos recursos del fisco apenas alcanzarán para cerrar el déficit existente.
Las ofertas son parciales e insuficientes. Solo Araya y Piza hacen alusión al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, y buena parte de los acuerdos pueden ser aparentes porque, como dicen el refrán, el diablo está en los detalles. Sin embargo, hay espacio para la forja de acuerdos mínimos, por ejemplo, en el tema del IVA. Existe, también, algún grado de coincidencia implícita sobre la gravedad de la situación fiscal. Ojalá esas opiniones compartidas sirvieran para establecer una agenda legislativa capaz de impulsar algún avance en el periodo entre la celebración de las elecciones y la inauguración del próximo Gobierno, sin importar quién gane la presidencia.