Importantes sectores de la sociedad costarricense decidieron, hace rato, ignorar la realidad económica y comportarse como si el país tuviera a disposición recursos infinitos. Esa percepción la alimentó el Ministerio de Hacienda con el discurso tantas veces repetido para impulsar la aprobación de los proyectos de ley contra el fraude fiscal.
Esa agenda ya fue satisfecha y le corresponderá a Hacienda explicar por qué, con los nuevos instrumentos a mano, las arcas del Estado no se hinchan con el equivalente de más del 8% del producto interno bruto (PIB). La verdad es que esos recursos nunca estuvieron a mano para hacer el cobro, independientemente de los proyectos aprobados.
Ahora que las leyes contra el fraude pasaron el proceso legislativo, quizá podamos hablar más en serio. El país necesita, además de combatir el fraude, crear nuevas fuentes de ingresos fiscales y recortar el gasto, estructurado para crecer automáticamente como si en efecto los recursos fueran infinitos y no hubiera límite para las erogaciones.
Pero los mismos sectores que habitan el universo paralelo donde el dinero disponible no se acaba, atesoran una segunda premisa, tan falsa como la primera e igualmente dañina. Según su criterio, las prioridades del gasto público coinciden de pleno con el financiamiento de sus privilegios. Los nuevos recursos, provengan de una reforma fiscal o del combate contra el fraude, tienen por destino financiar pluses y anualidades de crecimiento exagerado.
Si los nuevos ingresos fueran suficientes para mantener el statu quo –y no lo son– sería irresponsable utilizarlos con ese fin, dejando insatisfechas tantas otras necesidades nacionales y perpetuando las iniquidades de un sistema diseñado para privilegiar a un puñado de funcionarios estatales, concediéndoles ventajas que ni se sueñan en el sector privado o el Gobierno Central.
El país debe evolucionar hacia un régimen único de pensiones estatales, complementado por las jubilaciones del sistema creado por la Ley de Protección al Trabajador, pero el pensamiento iluso de quienes se rehúsan a reconocer los límites de las finanzas públicas tiene en la corriente legislativa un proyecto de ley destinado a hacer exactamente lo contrario.
La Comisión Legislativa Plena Primera estudia una reforma a la ley de pensiones y jubilaciones del magisterio nacional para permitir el retorno a ese sistema de los educadores que se trasladaron al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El gobierno, por supuesto, no compareció ante los diputados para aplaudir la iniciativa y calcular cuánto le sobrará después de financiar el costo del proyecto con la recaudación de más de un 8% del PIB. Con mayor sentido de la responsabilidad, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se presentó para advertir las gravísimas consecuencias de la iniciativa de ley para las finanzas públicas.
Según Alfaro, la reforma permitiría el retorno de al menos 1.847 personas al régimen del magisterio y el número podría elevarse a 6.010. El Ministerio de Hacienda se vería obligado a desembolsar, cuando menos, unos ¢11.000 millones al año. La suma es más de la mitad del ahorro esperado por la recién aprobada reforma a los regímenes de privilegio.
Alfaro enfatizó ese punto, pero omitió señalar que en materia de pensiones hay mucho por hacer. Las reformas aludidas fueron un primer paso, pero subsisten odiosas desigualdades financiadas por amplias capas de la población ayunas de privilegios. Lejos de idear formas de aumentar esa carga, es preciso pensar en alivianarla.