No es una rareza que conozcamos en nuestro círculo más próximo de relaciones la historia de algún conocido —o familia— que trabajó toda su vida, muy fuerte y haciendo grandes sacrificios para construir un capital que pudo ser económico o de buen nombre.
Sin embargo, por las más diversas razones, no hubo buenos herederos de aquel capital que, por no haberse sudado ni un poquito en la consecución de tales logros, poco lo valoraron y lo malgastaron. El esfuerzo de generaciones, de pronto, se fue por el desagüe.
Mucho de ello estamos viviendo en la actualidad. Nuestro sistema democrático, en su conjunto, aunque en algunas partes con mayor impacto, está viendo cómo se dilapidan los capitales que tanto trabajo costó a nuestros antepasados.
Los ejemplos son evidentes, sonoros, abundantes y apabullantes. La Caja, el ICE, la educación pública, el sector agro, el turismo y la seguridad ciudadana son solo algunos ejemplos materiales de ello.
El autoritarismo, el populismo, la posverdad, las claras intenciones del Ejecutivo por violar la independencia de poderes y los discursos de violencia, entre lo más evidente, se acentuaron con especial fuerza en los dos últimos años y minan el capital moral, de paz y libertad.
Destruir es muy fácil, solo hay que encontrar qué objeto echar por tierra —tangible o intangible— y utilizar las herramientas y recursos mínimos necesarios para hacerlo posible.
Tomar una narrativa de entrada de que el país está quebrado, lejos de producir una respuesta ciudadana en favor de volver a levantar la economía, más bien acentúa la desazón, la incertidumbre, la desconfianza y la desidia entre la población.
Además, hace que los organismos financieros y las calificadoras de riesgo nos vean con particular atención —de forma negativa— y nos cobren un alto precio por tal condición, que, dicho sea de paso, fue inmediatamente desmentida por tirios y troyanos.
Un gobierno que, por toparse con una victoria inesperada, entró sin una hoja de ruta clara, irónicamente, nos receta reiteradas “rutas” que, casi siempre, están en el imaginario de alguien, por ejemplo, de la ministra Müller, la ruta de la educación; del presidente Chaves y los ministros Carvajal y Gamboa, la del arroz; y la más reciente, de salud, en la cabeza de Marta Esquivel.
Esta última, precisamente, no deja de ser más que una lista de curitas para un único problema dentro de los múltiples que constituyen la salud pública en su conjunto. Ante esta realidad, está claro que el Ejecutivo estaba condenado a llevarnos por el despeñadero y, con esa condena, nos condenamos todos los habitantes del país.
Si existen dudas sobre la ausencia de una hoja de ruta, los invito a revisar el magno programa de gobierno presentado por el Partido Progreso Social Democrático en las pasadas elecciones.
Cuando no se sabe cómo construir o, aún más, cuando no se sabe siquiera qué construir, es imposible mejorar lo ya existente —heredado— o crear cosas nuevas.
La premisa es clara: afirmar que todo está plagado de corrupción, por tanto, debe detenerse, eliminarse, derribarse, destruirse.
El relato vino a dar forma a la fábula de que “venimos a hacer una nueva forma de gobierno”. Sin duda, es parcialmente cierto, pues han hecho muchas cosas como ninguna otra administración: afrentas a la libertad de expresión y prensa, el debilitamiento de instituciones insignia de los costarricenses, como la Caja, el ICE y la educación pública, el abandono del sector agropecuario, las erradas políticas sanitarias, los esfuerzos por condicionar la acción de los poderes judicial y legislativo, la instalación de nuevos ungidos —cambio de nombres en la lista de ticos con corona—, nepotismo, entre muchas otras hierbas, son el triste producto de una administración plagada de desaciertos y muy cuestionables métodos.
El populismo y la posverdad instaladas en la Casa Presidencial, y su brazo ejecutivo en la Asamblea Legislativa, son ejes transversales de un gobierno que, de no ser por las fuertes bases institucionales y las condiciones que recibieron, nos tendrían aún más cerca del despeñadero.
La Caja es materia para otro artículo, porque el empeño denodado de la administración por debilitarla, contra viento y marea, muestra dos cosas: absoluta ignorancia e impericia, o la búsqueda de entregar a las manos de unos pocos, y en perjuicio de casi todos, un sistema solidario y universal de salud, bastión de nuestra paz social, sabiendo que el negocio de la enfermedad es uno de los más lucrativos y de mayor crecimiento en los últimos veinte años.
El gobierno podrá decir que sus políticas son eficaces y que, contrario a lo que muchos les achacamos, las condiciones de vida de los costarricenses han mejorado o, cuando menos, no han empeorado.
Dentro de sus estrategias de comunicación nos quieren hacer creer que sus medidas tienen un efecto positivo inmediato, cuando en realidad son el producto de medidas tomadas por una o varias administraciones atrás. O, por otro lado, cuando los resultados son malos, nos dicen que es culpa de la academia y la prensa, que solo nos empecinamos en ver las cosas negativas y desconocer sus logros.
Dirán, además, que nada ha ocurrido debido a los cambios en el ICE, la intromisión en la Caja o la salida de Cinde y la Fundación Omar Dengo. Evitan reconocer que los efectos se verán a mediano y largo plazo, y jamás estarán de acuerdo con que si no estamos peor, es porque están viviendo de rentas heredadas o prestadas.
Benditos los costarricenses que antaño diseñaron y construyeron un edificio democrático que hoy resiste el embate de unos cuantos que desean verlo destruido o debilitado. Nos toca evitar su deterioro y, más bien, fortalecerlo. Hagamos crecer nuestra herencia.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.