Hace algunas semanas, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una madre que denunció haber sido víctima, en enero, de un tratamiento que ultrajó su dignidad e intimidad en el Hospital de las Mujeres.
La Defensoría de los Habitantes denunció, en octubre, otro caso ocurrido en el mismo nosocomio, de una mujer que dio a luz en un servicio sanitario. Por otra parte, preocupa que en nuestro país el 21% de los alumbramientos se dé por cesárea, cuando la OMS recomienda que no superen el 15%.
Estos hechos son una llamada de atención para preguntarnos si a nuestras madres se les están respetando sus derechos o bien si son víctimas de otra forma de violencia de género, como lo es la obstétrica.
Diversos factores podrían incidir en el problema, como la falta de información de las mujeres sobre sus derechos, el desconocimiento del personal, un enfoque totalmente medicalizado del parto y posparto, o bien la crónica saturación en nuestro sistema de salud.
Pese a existir desde el 2009 la Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el período prenatal, parto y postparto, y pese a los esfuerzos por humanizar la atención de la madre y de su hijo o hija, lo cierto es que aún hay mucho que avanzar. Y así parecen reconocerlo las autoridades del Inamu, que han lanzado la campaña “Madre y bebé merecen seguridad”, con el objetivo de informar a 70.000 mujeres que anualmente dan a luz en nuestro país.
En naciones como Argentina, cuentan con la Ley de Parto Humanizado y Venezuela y México penalizan la violencia de este tipo. Vale plantearnos si requerimos mejorar nuestro marco normativo para garantizar los derechos de nuestras madres, que, subrayo, es un asunto de derechos humanos.
¿Y cuáles son estos derechos? Entre otros, ser informada sobre las distintas opciones durante los procesos para que pueda decidir (ej. posición durante el parto), ser tratada con respeto, de modo individual y personal, que le garantice la intimidad, y que el parto sea respetuoso de sus tiempos biológicos y sicológicos para evitar, dentro de lo posible, prácticas invasivas o medicación innecesaria.
También el derecho a conocer en detalle sobre la evolución de su parto, el estado de su salud y la de su hijo o hija y que se le participe de las actuaciones de los profesionales, así como el de estar acompañada por una persona de su confianza durante y después del alumbramiento.