Los 13 representantes puestos a dedo por los gobiernos en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cuestan a los países socios y sus ciudadanos, cuando menos, $221.000 al mes. Cada uno recibe $17.000 (¢11 millones), pero también se les da —y le sugiero tomar aire antes de leer— paquete de compensación, bono de medio año, beneficio social, subsidio familiar, bono vacacional, bono por resultados y un aporte al fondo de retiro. Todo eso exento de impuestos. Y respire de nuevo, porque sigue. Tienen a disposición autos, choferes, secretarias, viáticos y viajes.
Inhale. Todo ese desglose de lujos no es público. Ellos lo manejan en secreto porque a alguien se le ocurrió declarar una comodidosa “confidencialidad” que, al final, protege de la censura pública la vida de reyes que viven los que, por decisión política de cada gobierno, no por atestados académicos, terminan en las sillas del BCIE.
Pese a ser un banco constituido con fondos públicos, con impuestos de los ciudadanos, los gobiernos se han quedado callados ante los excesos, salvo Costa Rica, que pegó el grito en setiembre. La propuesta costarricense es reducir el pago de cada representante a $11.449 (¢7,3 millones), más aguinaldo, pero la reacción de los otros países da vergüenza: cero respaldo.
Ignoraron la propuesta, pese a que los países socios figuran entre los más pobres. Poco importa a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice, Dominicana y, menos a los extrarregionales, como México, Corea del Sur, Taiwán y España.
Lo que sí fortalecen es el doble discurso. El BCIE se promociona como el banco de “mayor transparencia”, pero de salarios de lujo no da una sola cifra. El presidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, se dejó decir el 21 de octubre que cada ciudadano de los países socios “merece saber en qué se invierten los recursos”; sin embargo, obviamente, de la vida de reyes nada se puede saber.
Sea quien sea el próximo gobernante, Costa Rica no puede tirar la toalla. Nuestro país debe persistir en la lucha para reducir lujos, dado que el BCIE es una entidad esencial para el desarrollo regional y, por ello, no debe ser usada en provecho de políticos, sino de los ciudadanos.
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