Las denuncias alrededor de tres viceministras (dos ya fuera de sus cargos), por el método utilizado para que recibieran un mejor salario, poseen dos ángulos diferentes. Uno es visible, personal, y ha conducido al escándalo público. Otro es más sutil, estructural y toca la “lógica” que envuelve el quehacer de nuestro Estado. Ambos tienen gran importancia.
La primera vertiente fue explicada de forma cristalina por la contralora Marta Acosta: solo es posible pagar un “plus” por prohibición a los funcionarios con título profesional e incorporados al colegio respectivo, si esto último es requisito para ejercer la profesión. Las tres viceministras carecen de estas calidades; por ende, recibieron cobros indebidos. Las implicaciones pecuniarias, administrativas y políticas son evidentes. Parafraseando la sentencia latina, “la ley, aunque absurda, es la ley”.
Precisamente el absurdo conduce al otro ángulo del tema: la perversa manía burocrática, corporativista y reglamentista que ha inoculado al sector público, y que llega al extremo de imponer reglas del Servicio Civil a cargos de naturaleza estrictamente política, como ministros y viceministros. El presidente los escoge para integrar un equipo que impulse un proyecto de gobierno legitimado en las urnas. Su salario debe estar en función de las responsabilidades que asumen, no de los títulos que posean, las “prohibiciones” a que tengan derecho o la antigüedad como empleados públicos. Así como entran, salen.
Hoy, un ministro (o los vices) que haya pasado su carrera profesional en instituciones estatales, puede ganar hasta tres veces más que otro proveniente desde del sector privado, a pesar del mismo rango y obligaciones, e incluso aunque el segundo sea más lúcido y eficaz.
La situación, además de injusta, desestimula la llegada al gobierno de gente con visiones innovadoras, experiencias múltiples e ímpetus de cambio: lo que necesitamos. Si el Ejecutivo y las viceministras transgredieron reglas, deben asumir sus consecuencias. Pero el vicio de fondo es del sistema. Por esto, más allá de indagar o denunciar los tres casos, los políticos maduros deberían dedicarse a modificar las normas disfuncionales que afectan a cualquier gobierno.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).