Padecemos dos graves problemas: el hacinamiento carcelario y la violencia doméstica. Ambos se aliviarían significativamente de ejecutarse el sistema de monitoreo electrónico (brazaletes), aprobado mediante la Ley 9.271 en el 2014.
La Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal creó una nueva modalidad de sanción penal: el arresto domiciliario con monitoreo, y permitió a los jueces que conocen casos bajo la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres ordenar el uso de estos dispositivos a una persona imputada.
El sistema no opera porque el Ministerio de Justicia no ha podido desarrollar la infraestructura necesaria para aplicar métodos de localización permanente, esenciales para poner en marcha el programa.
Pasarán meses, esperemos que no sean años, para su puesta en marcha, pues la licitación fue declarada desierta, porque las ofertas excedieron lo presupuestado por el Ministerio de Justicia. Pésima noticia en un país entrabado por sus engorrosos sistemas de contratación y con la tendencia abusiva de los oferentes a presentar apelaciones.
Este atraso le costará millones de dólares al país. Datos de Justicia indican que una persona en prisión cuesta $1.000 al mes, lo que, con una población de 14.000 internos, significa $14 millones al mes y $168 millones al año. Con un nuevo sistema de monitoreo, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado?
La sobrepoblación carcelaria ronda el 44,8%, la cual se reduciría y frenaría, además, la cuestionable práctica de liberación total antes del cumplimiento de la pena e iniciativas para no perseguir ciertos delitos serían descartadas a priori.
¿Cuántas muertes de mujeres se habrían evitado? Hay abundante evidencia de que las medidas de protección no han sido suficientes, lo que condena a muchas a salir del hogar o a vivir en constante temor y peligro.
Que la espera no sea en vano. Las autoridades deben anticiparse a los problemas de implementación que tuvieron otros países (España, por ejemplo). Para que el sistema sea eficaz, debe ser de fácil ejecución, que elimine toda falibilidad (ej. baterías) y garantice la acción o protección inmediata. Hay que evitar un mal inicio a toda costa.
Su éxito radica en su fiabilidad para que los jueces lo usen como medida y beneficie, y no complique, al sistema penitenciario. Si es así, será una alternativa para los de menor peligrosidad y también dará confianza y protección a las víctimas.
Nuria Marín Raventós es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Artes Liberales por Harvard University. Es cofundadora y vicepresidenta del grupo empresarial Álvarez y Marín Corporación.