Hace unas semanas, leí que la Contraloría General de la República (CGR) envió al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Consejo Nacional de Rectores (Conare) un conjunto de disposiciones que se resumen en la formulación de una “política del sistema educativo con enfoque prospectivo, que oriente la planificación integral a mediano y largo plazo”.
Al Conare, le solicita una política para la educación superior universitaria estatal, que considere su autonomía, su planificación a largo plazo y otros aspectos de coordinación.
Aunque desde hace algún tiempo el país espera noticias positivas sobre cambios en el sistema educativo en todas sus facetas, considero que lo solicitado es insuficiente.
Me parece un enfoque instrumental y secuencial del concepto de política que minimiza el problema de la educación pública como uno institucional.
Cuatro puntos importantes
Sin embargo, hay cuatro aspectos destacables en lo requerido por la Contraloría. El primero es la referencia a la aplicación de lo que se denomina enfoque prospectivo.
Los estudios de futuros para la formulación de políticas públicas en campos como la educación debieran ser una acción obligatoria por todo lo que está en juego, pero no se trata de ver la educación aislada; es necesario integrarla a la dinámica de la sociedad y el mundo.
Lo segundo es que la política debe contemplar una visión “sistémica” de la educación; no solo limitarse a los actores del sector educativo, sino al conjunto de actantes y factores de cambio que marcan el futuro de la educación y como ellos interactúan.
Lo tercero es la referencia al carácter “participativo” con el cual debe formularse la política, y eso está bien. En este caso, es recomendable recordar que participar no significa que todo el mundo debe ser consultado o convocado.
La participación implica que los actores sociales con capacidad de representación sean parte de los equipos de trabajo y que haya una facilitación profesional del proceso.
En cuarto lugar, la CGR solicita la “creación de valor público”, lo que conlleva maximizar el efecto que la educación de calidad surte en la vida de las personas y el desarrollo nacional.
Crear este valor trasciende la actividad de las instituciones educativas, y en este punto hay de nuevo un llamamiento a pensar en no ver la educación de manera aislada.
Aporte personal
De forma complementaria a la recomendación de la CGR, que para mí se relaciona con el modelo institucional de gobernanza educativa, debe trabajarse previamente en el modelo desde el cambio curricular hasta la formación e incentivo de los docentes, y desde la infraestructura educativa hasta la conectividad y el acceso igualitario a la tecnología y la internet.
A fin de aportar a una actividad tan relevante como lo es la educación, mencionaré algunas bases fundamentales por considerar cuando de formular políticas públicas se trata.
Las bases teórico-metodológicas sugieren partir de lo que se conoce como el problema público. Por las recomendaciones del ente contralor, se supondría que apunta a la falta de articulación de las instituciones educativas como causante de la baja calidad, que no produce suficiente valor público ni competitividad; no obstante, esta es solo una causa.
Cabe recordar que la política pública es un instrumento más político que técnico; sin embargo, en el país, se elaboran planes de acción en vez de políticas.
Una política es una decisión de los actores que se convierte en acciones para hacer o no hacer, que toman la forma de incentivar o restringir algún comportamiento social.
Se parte de que cuantos más actores legítimamente interesados en la política participen en la decisión, más viable será ponerla en práctica, y de ahí la importancia de la participación.
En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden prometió durante su campaña que, de llegar a la presidencia, tomaría la decisión (política) de condonar $10.000 a cada uno de los estudiantes deudores provenientes de hogares de ingresos medios y bajos.
Suponía negociar previamente con una serie de actores, incluso la bancada republicana, porque los ingresos disminuirían, pero también en su gabinete hubo detractores, ya que se consideraba que iba a disparar la inflación.
Las organizaciones estudiantiles y de padres de familia se movilizaron. Finalmente, la decisión se concretó en acciones, y eso implicó el beneficio para 43 millones de estudiantes.
Esa medida tuvo que tomarse no porque la calidad de la educación fuera baja, sino porque el sistema de préstamos para educación estaba a punto de colapsar.
Estrategia mayor
El ejemplo ayuda a comprender la naturaleza de las políticas públicas, es decir, decisiones de priorización que no necesariamente son bien recibidas por todo el mundo forman parte de una estrategia mayor del gobierno, o incluso de un Estado, para cambiar una situación.
Es posible que en el país hayamos “estirado” mucho el concepto de política como instrumento, y mezclemos políticas institucionales con políticas de gobierno, de sectores o de Estado.
Por tanto, terminan diseñándose planes en lugar de políticas, cuya ejecución no implica ninguna variación significativa en el fondo de las situaciones.
La política es un instrumento de la planificación del desarrollo y, como decía el maestro de esta disciplina en América Latina, Carlos Matus, precisa tres factores clave: la intencionalidad (qué se necesita cambiar), la direccionalidad (hacia dónde se quiere orientar el cambio) y la creación de condiciones de viabilidad (cómo hacer posible que las cosas sucedan).
La alerta que enciende la CGR sobre la organización del sector educativo en todas sus fases es fundamental; sería oportuno aprovecharla para trabajar en una transformación real.
jc.mora.montero@gmail.com
El autor es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, y docente en la UNA y la UCR.