Más allá de su gravedad, no puedo, a estas tempranas alturas, juzgar la investigación abierta por el OIJ sobre una posible megarred de corrupción en las contrataciones de obra pública. Pero sí me atrevo a plantear qué espero de ella. Sobre su desarrollo, que sea sólido, enérgico, eficaz y esté blindado técnica y jurídicamente, y que, con apego al Estado de derecho y el debido proceso, abra un camino expedito para juzgar y castigar a los posibles culpables y exonerar a quienes no lo sean (justicia pronta y cumplida). La impunidad no se vale.
Sobre sus implicaciones, que no sea convertida en un show político con simples propósitos electorales. Lo que se impone, además de sentar responsabilidades, es utilizar la coyuntura para corregir los factores estructurales —leyes, métodos, estructuras y normas de relación— que han propiciado la corrupción. En el camino, no debemos perder de vista que nuestro sistema ha dado más muestras de su capacidad para descubrirla —algo que acaba de reconocer la Sociedad/Consejo de las Américas— que para evitarla.
Ningún otro ámbito, como el de las obras públicas, acumula tantos elementos propiciadores de corrupción. Existe concentración de la demanda (solo el Estado) y de la oferta (muy pocas compañías), altas barreras de ingreso y mínima competencia. Cada proyecto es un «mundo», poco comparable con otros, aunque casi todos oscilan entre las decenas y los centenares de millones de dólares. Del lado público, el Estado y sus «agentes» (los funcionarios) manejan fondos sin dueño claro y con rendimiento de cuentas diluido; gozan de gran protección jurídica y reinan sobre enmarañados procesos, con controles más formales que reales. Del privado, las mayores empresas son familiares y, por ende, cerradas, su capacidad de maniobra es ilimitada y los eventuales beneficios, casi también.
Como resultado, los estímulos para el arbitraje, la colusión (incluso entre empresas) y la corrupción son exorbitantes; también, para asumir sus riesgos.
La tarea esencial, junto con el rigor de las autoridades y la actuación de los tribunales, es corregir los males sistémicos y sustituirlos por un esquema moderno, con procesos eficientes, competitivos, ágiles y transparentes. Este objetivo sí merece una sólida comisión legislativa, bien asesorada y con ruta clara.
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