Después de haber vivido como diputado las vicisitudes legislativas del combo del ICE y haber presenciado cuatro gobiernos tratando de pasar un plan fiscal de similares características, me parece un tanto surrealista que no hayamos aprendido de esas experiencias y el nuevo gobierno esté concentrando sus mayores esfuerzos en la aprobación del proyecto fiscal de la administración anterior en una Asamblea Legislativa donde cuenta únicamente con diez diputados.
Se trata de un proyecto muy complejo, con 124 artículos, cada uno con gran cantidad de incisos y 21 transitorios. En total, consta de 27.745 palabras, suficientes para elaborar miles de mociones por diputado.
En el proyecto se introduce un nuevo impuesto al valor agregado (IVA), muy diferente al impuesto de ventas, al cual están familiarizados tanto las empresas nacionales como el consumidor. En la práctica, implicaría gravar una serie de actividades, que actualmente no lo están, y aplicar una serie de créditos fiscales cuya costosa mecánica se va a definir por la vía reglamentaria con un alto grado de discrecionalidad para la administración.
La complejidad derivada de un nuevo impuesto va a afectar casi todas las transacciones comerciales, producirá inseguridad jurídica y podría ser fuente de numerosas consultas y recursos de inconstitucionalidad.
En el proyecto se gravan productos y servicios esenciales como la salud, los medicamentos, la educación y el alquiler de vivienda, con excepciones, tasas diferenciadas, etc.
El plan está concebido desde un punto de vista eminentemente fiscal, la prioridad es gravar el mayor número posible de actividades sin ninguna consideración de sus efectos sobre el desarrollo económico o la competitividad del país.
Se pretende gravar las ganancias de capital, lo cual tendría un efecto negativo sobre la inversión desde cualquier ángulo que se mire, y esto afectará el crecimiento económico y el empleo.
Aspectos positivos. Hay aspectos muy positivos, como lo de los salarios del sector público y las reglas fiscales, pero todos estos asuntos traen consigo opositores y fuentes de consultas constitucionales.
Es como si en una batalla se abrieran cuatro frentes diferentes: uno para el IVA y todos los productos y servicios afectados, como la canasta básica, la salud y la educación. Otro frente de oposición es el de las ganancias de capital. Un tercer frente de oposición serán los empleados públicos afectados por los salarios y un cuarto frente serán los opositores de diferentes instituciones afectadas por la regla fiscal.
Recibir ataques de cuatro fuerzas diferentes, definitivamente, no es la mejor estrategia parlamentaria, sobre todo cuando el proceso legislativo debe garantizar el derecho de enmienda de 57 diputados y asegurar el respeto a la Constitución en cada uno de los múltiples incisos del proyecto.
Una mejor estrategia es dividir el proyecto en cuatro diferentes, con trámites legislativos también diferentes.
Este complejo esfuerzo tributario se hace para, supuestamente, aumentar los ingresos en un 1,4 % del PIB, equivalente a ¢526.500 millones para el 2019, según la proyección del PIB del Banco Central para ese año. Presuntamente, porque en todo impuesto hay un efecto de contracción económica, en una economía en proceso de desaceleración por entornos internacionales adversos, con un sobreendeudamiento de los hogares y un altísimo desempleo.
Otra opción. Como la situación de las finanzas públicas es crítica y supone un esfuerzo categórico en anualidades, aumentos salariales, horas extras, dedicación exclusiva y transferencias, y luego, por el lado de los ingresos, es necesario pensar en un plan B que, aunque inconveniente, no lo sería tanto como el proyecto presentado y, sobre todo, sería factible.
Un plan B consistiría en separar el asunto de los salarios del sector público y los de regla fiscal en dos proyectos y elaborar uno de dos o tres artículos que contemple el aumento del impuesto de ventas por un periodo corto y que vaya disminuyendo anualmente, como se hizo en varios gobiernos en el pasado. O cualquier otra combinación que consideren los diputados. Con este plan, como en la actualidad, la canasta básica, los medicamentos y los servicios de salud y educación así como los alquileres estarían exentos.
Con la estimación del PIB nominal del Banco Central para el 2019 y tomando en cuenta que el impuesto de ventas genera un 4,5 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda, en el Marco Presupuestario 2017-2022, eso quiere decir que cada punto de aumento en el impuesto de ventas generaría 0,35 %
En consecuencia, se requeriría un aumento del 4 % para incrementar los ingresos en ¢537.304 millones en el 2019 (muy similar al proyecto fiscal actual) y si fuera disminuyendo un 1 % cada año se obtendrían ¢435.330 millones en el 2020 y ¢312.420 millones en el 2021.
Sin embargo, es posible que el PIB nominal sea superior si se impulsa un mayor crecimiento económico y con solo elevar el impuesto de ventas temporalmente a un 16 % sea suficiente para alcanzar un déficit manejable.
En resumen, subir o crear nuevos impuestos es una materia odiosa, pero en vista de la irresponsabilidad fiscal, por acción u omisión, esta es una idea menos nociva para el crecimiento y el empleo que el proyecto del gobierno anterior porque exime sectores sensibles y grava a quien más consume, sin afectar el ahorro, la inversión y las transacciones.
En lo que se refiere a las reformas constitucionales, la más importante es otorgar al presupuesto nacional un rango superior a las leyes ordinarias para que el gasto del gobierno corresponda a las demandas de la sociedad en cada año y no a asignaciones rígidas efectuadas por gobiernos y diputados años o décadas atrás.
El autor es exdiputado.