Para cuando se publique esta columna, mucho se habrá escrito sobre nuestro contundente triunfo en La Haya. El asunto es tan relevante para nuestra soberanía, que no puedo pasar por alto agregar unas letras más.
El 16 de diciembre del 2015 pasará a la historia como aquel en que, luego de cinco años, nuestro país recuperó el ejercicio pleno de su soberanía, al serle reconocido de manera clara e inobjetable que isla Portillos –Calero como es conocida por nosotros– es territorio costarricense.
Pasará también a la historia como la reafirmación de la visionaria y pionera decisión de aquel primero de diciembre de 1948, en que como país tomamos la decisión de abolir el Ejército, redirigir esos recursos a inversión social y utilizar el derecho internacional y sus instituciones, como la mejor línea de defensa y seguridad nacional.
Nuestra soberanía ha sido igualmente salvaguardada al declarar la Corte Internacional de Justicia la obligación de Nicaragua de reparar a Costa Rica los daños causados por la violación a nuestra soberanía, la excavación de tres caños y el entorpecimiento a nuestros derechos a la libre navegación sobre el río San Juan, entre otros.
Por otra parte, si bien a Costa Rica se le señala su incumplimiento al no realizar un estudio de impacto ambiental antes de la construcción de la ruta 1856, también es cierto que ambas sentencias profundizan sobre las obligaciones ambientales preventivas y protectoras de los Estados como legado jurisprudencial.
La ruta 1856, decisión correcta como mecanismo de defensa nacional y calidad de vida para los vecinos de la zona, cuya construcción ha dado dolores de cabeza al país, dichosamente no produjo daños importantes ni significativos al San Juan ni a Nicaragua, por lo que todos los reclamos presentados por nuestro vecino país fueron rechazados por la Corte.
Nuestra diplomacia es hoy nuestra gran heroína, al concluir con triunfos en ambos procesos. Esto fue posible porque la defensa, acertadamente, se definió como una responsabilidad de Estado, al mantenerse, pese al cambio de gobierno, al talentoso y comprometido equipo de profesionales que, merced a los reiterados embates de nuestro vecino del norte, se han convertido en expertos en la correcta interpretación de los procedimientos y de los alcances del Tratado Cañas-Jerez y del Laudo Cleveland. A todos ellos, ¡muchas gracias!
Nuria Marín Raventós es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Artes Liberales por Harvard University. Es cofundadora y vicepresidenta del grupo empresarial Álvarez y Marín Corporación.