El mayor problema con que el Instituto Nacional de Aprendizaje se dedique a promover la “economía social solidaria” no es que la iniciativa provenga de ocurrencias, el concepto sea indefinido y su desarrollo se preste a manipulaciones.
Lo peor es que lo distraiga de su misión y lo aparte de su mandato: entrenar y formar capital humano de máxima calidad técnica y capacidad de inserción laboral.
Ya abundan las quejas por la desconexión entre la oferta del INA y las necesidades del sector productivo. El desfase no se ha producido porque le falten recursos (le sobran), sino por debilidades de focalización, coordinación, planeamiento y agilidad. Dedicarse a la evangelización doctrinaria solo ampliaría la brecha.
Al igual que las relaciones personales, las dinámicas empresariales e institucionales necesitan un componente clave: la fidelidad. En su caso, a objetivos claros y misiones definidas. Su existencia generará criterios precisos para formular estrategias, asignar recursos, distribuir tareas, medir resultados y corregir rumbos; su ausencia, confusión generalizada.
En el Estado, el impacto de esta confusión trasciende la dimensión operativa y debilita elementos esenciales para la buena administración pública: la transparencia, la asignación de responsabilidades y el rendimiento de cuentas.
Por ejemplo, muchos de los problemas del ICE no surgen solo de su acendrada personalidad monopólica y los privilegios que conlleva, sino de su enorme desenfoque institucional, que nos impide saber qué funciona, qué no y con qué costos. El resultado: crónica turbiedad y –presumo– grandes ineficiencias.
Si Recope añadiera a su monopolio de hidrocarburos la capacidad de invertir en otras fuentes de energía (hidrógeno, por ejemplo), sepultaría el poco rumbo que aún le queda y aumentaría el tamaño de la olla para sus festines.
Cuando, en la década de 1970, el Banco Central se apartó de sus obligaciones monetarias, cambiarias y de control inflacionario, y se definió como “nervio y motor de la economía”, creó las bases para la crisis que vino.
La solidaridad que debe promover el INA no es con una indefinida “economía social”, sino con una clara misión central: capacitar. Por ella pagamos, y mucho.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).