Trago amargo para la ciudadanía costarricense, la impunidad que prima en el caso del secuestro de las dos europeas, felizmente de regreso hoy a casa.
Trago amargo porque de la espectacularidad con que el Poder Ejecutivo reaccionó en un inicio se cayó en una aparatosa inercia oficial que -por ahora- mantiene impune tan repudiable suceso.
Aquella espectacularidad incluso sorprendió al país con el nombramiento de un comité de crisis para atender un caso de delincuencia común, como oficialmente se calificó al hecho. Inusual reacción, sin duda.
De súbito, bajan el perfil en la capital, ordenan repliegue en la zona y abren paso a una solución privada para un problema público.
Todo ocurre en medio de una descoordinación de operaciones sin precedentes, roces y mutismo.
Explicaciones para esto se pueden hallar en el desacierto gubernamental que prevalece en materia de seguridad y en el deseo -probable- de no hundirse más en la percepción pública.
Pero, llama la atención que en la maraña fuese envuelto el Poder Judicial.
Tenemos entendido que experimentados oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reclamaron la impotencia que sentían al no poder proceder con su trabajo, con su obligación legal de profundizar y perseguir un delito flagrante.
El reclamo, parece, cayó en el vacío.
Incluso, según las versiones en nuestro poder, horas antes de que ambas mujeres recobraran su libertad, oficiales judiciales aseguraban tener ubicado el lugar de cautiverio.
No pudieron o no se les permitió actuar.
Irónico lo que ocurría mientras particulares montados en un bote localizaban el sitio del secuestro, contactaban a los delincuentes y a sus cautivas.
Triste espectáculo todo este para una sociedad desgarrada por la inseguridad y la incredulidad.