La huelga nos ha dejado resultados negativos, duele ver sus efectos en salud y educación y nos preguntamos, ¿en defensa de qué, y en defensa de quiénes?
Es obvio que nadie quiere pagar más impuestos, pero lo cierto es que la alternativa de no tomar medidas frente el creciente déficit fiscal traerá a todos los costarricenses mayores problemas. Entre otros, aumento del desempleo y las tasas de interés, inflación, devaluación, disminución de la calificación de riesgo país, una mayor contracción económica y menor capacidad de atracción de inversión extranjera, solo para mencionar algunos.
Es importante recordarle a los huelguistas que su derecho termina donde empieza el de los otros, y si bien es legítimo manifestarse, con el cierre de vías están violentando un principio constitucional básico, el derecho a la libertad de tránsito.
En Recope quedó en evidencia nuestra alta vulnerabilidad y que esta institución debe mejorar con urgencia sus medidas de seguridad, pues no es posible que una o varias personas desconectaran la subestación principal e inhabilitaran el puesto de control del oleoducto de Moín, entre otros.
La huelga provocó que se suspendieran cirugías, acrecentando las largas de listas de espera. No menos grave es la suspensión de clases en escuelas y colegios públicos, lo cual afecta el derecho a la educación de sus estudiantes. Esto les niega a muchos la única fuente de alimentación del día: la que reciben en los comedores escolares.
Las manifestaciones no han sido pacíficas, pese al dicho de los representantes sindicales; las imágenes hablan por sí solas y vale investigar la actuación de algunos instigadores, y si ha habido participación externa.
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La violencia genera violencia y ejemplo de lo anterior es lo acaecido en Limón, en donde se ha aprovechado la huelga para saquear comercio, incendiar furgones y vandalizar la propiedad privada.
Quizá lo más lamentable fue que un juzgado no tramitara una declaratoria de ilegalidad de huelga, por haberse sumado sus integrantes al movimiento huelguístico. De permitir que una acción como esta quede impune es firmar la hoja de defunción de nuestro sistema democrático, porque si somos un país sin ejército que basa su estabilidad en el imperio de la ley, la administración de justicia jamás puede dejar de ser quien garantice el cumplimiento de la ley.