¿Cuántas propiedades tienen las instituciones públicas? ¿En dónde están exactamente? ¿Cuál es su valor? ¿Qué infraestructuras tienen construidas sobre ellas? ¿En qué se usan? Estas son preguntas cuyas respuestas debiéramos tener muy claras y precisas pues, al fin y al cabo, son activos que pertenecen a todos nosotros, a las y los costarricenses.
De dos cosas estoy casi seguro (lo de “casi” es para curarme en salud). La primera es que si uno sumara las propiedades de las municipalidades, las fincas del Inder, el IMAS, el ICE, el INVU, la Caja, el MEP, los parques nacionales, en fin, todas las propiedades de las casi cuatrocientas entidades públicas (incluidas las municipalidades), la conclusión sería que el Estado es el terrateniente más grande del país. Por goleada.
La segunda es que no existe un registro unificado y actualizado de todas las propiedades en manos públicas, de su condición legal, valor, linderos y demás etcéteras que resulta bueno saber cuando uno es propietario de algo.
Algunas entidades tendrán buenos registros, pero muchas contarán con información insuficiente. Si no hay registro unificado, nadie en el Estado tiene idea clara de qué es de lo que este es dueño. Hasta aquí hablo de bienes inmobiliarios, pero abramos un poco la mente y preguntémonos si, además, alguien tiene registradas todas las empresas públicas y participaciones accionarias del Estado.
¿No está Varguitas poniéndose muy “averigüista”? ¿Para qué quiere saber? ¿Qué malévolas intenciones tiene? ¿Quiere hacer una subasta para beneficiar a sus amigotes? A tan devastadoras interrogantes solo puedo contestar que todos esos activos conforman la “riqueza pública” de nuestra nación, el patrimonio común.
Necesitamos saber lo que tenemos no solo por razones de transparencia y rendición de cuentas, de manera que nadie meta mano en un activo sin que todos lo sepamos, sino para entrar en dos cuestiones aún más importantes: por una parte, ¿cuánto vale el patrimonio común? Y, por otra, ¿estamos manejándolo adecuadamente? Confieso que la inquietud original no es mía; surgió de la lectura de un libro ( The Public Wealth , por Detter y Fölster, 2015).
La intuición es elemental, pero inteligentísima: los países tienen que establecer con claridad los objetivos para el manejo de su patrimonio común, procurar aumentar su valor y, si hay otros objetivos sociales, especificarlos. Además, la ciudadanía debe saber qué es lo que pasa con ese patrimonio.
Un registro unificado es un primer paso.
(*)Jorge Vargas Cullell es gestor de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución alternativa de conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica.