Del reportaje publicado el domingo por la Revista Dominical sobre las infernales condiciones en que son mantenidos centenares de presos en la Unidad de Admisión de San Sebastián, se derivan muchas conclusiones. Una de ellas es simple: la desaparecida y funesta Penitenciaría Central palidece ante lo que el Estado permite hoy que subsista a unas cuantas cuadras del Parque Central.
El severo grado de hacinamiento en que vive la población de ese presidio, cual una inmensa ratonera humana, desborda cualquier expectativa de irrespeto a los derechos humanos.
Es patente el menosprecio oficial por lo que sufren allí, no solo los reos, sino también los funcionarios.
Las dificultades han llegado a extremos de deterioro críticos y el Gobierno parece ciego. La Corte Suprema de Justicia, tan vinculada al problema, también calla.
Crece, sin embargo, la posibilidad de un peligroso estallido, no solo en San Sebastián, sino también en La Reforma, otrora ejemplo de tratamiento penitenciario.
El propio director de Adaptación Social, Guillermo Arroyo, advirtió: "Hay un sentimiento de enojo y frustración. Si esto explota, habría muchos muertos", dijo en tono premonitorio. Su temor no parece tan infundado.
Pero, como algunos otros temas nacionales, el penitenciario no figura en ninguna agenda prioritaria de decisiones políticas. Saltan, eso sí, los parches cuando los conflictos afloran. ?No será posible que tanto en el Poder Ejecutivo como el Judicial se pase de doradas intenciones a decisiones que permitan neutralizar tan denigrante situación social?