El fallo emitido el pasado 2 de febrero por la Sala IV, en contra de la concesión de 25 permisos de taxi para la ciudad de Grecia, apacigua los temores que muchos tienen en cuanto a que la autorización para la prestación de este servicio público se haya convertido en una de las principales fuentes de corrupción pública.
Es un secreto a voces, una "verdad" no comprobada pero sí conocida por todos, que cada administración acostumbra distribuir cierto número de placas de taxis -un negocio fácil y rentable- con un criterio político partidarista.
Cada vez con mayor frecuencia, sin embargo, la entrega de una placa de taxi va ligada a intereses electorales personales de determinados funcionarios públicos, incluso más allá de los objetivos de uno de los dos partidos que se alternan el poder y el privilegio de repartir los permisos: Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana.
Esta administración no ha sido la excepción. Se especula que se asignó una cuota de placas entre algunos legisladores, para su distribución estratégica, y se atribuye a un alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) haber utilizado el otorgamiento de permisos a dirigentes liberacionistas para atraerse su repaldo en la pasada elección de delegados distritales.
Con el fallo de la Sala Constitucional, ante el recurso de amparo presentado por la Asociación de Taxis Unidos de Grecia, los 400 permisos de taxis que la Comisión Técnica concedió en diciembre pasado, para el resto del país, también quedarán sin validez.
Aún cuando la mejor opción es la libre competencia en la prestación de este servicio público, en un mercado regulado, la exigencia de sacar a licitación pública la cuota anual de nuevos taxis es al menos una forma de disminuir los riesgos de corrupción de este lucrativo negocio.