Cuando me topo con textos de política pública que plantean objetivos como “combatir la desigualdad” o “fortalecer la sostenibilidad ambiental”, siempre entro en sospechas.
La desconfianza no la motivan desacuerdos filosóficos, pues son temas que me parecen tan necesarios e importantes como querer a la mamá de uno; es una cuestión de bien nacidos. Más aún, en virtud del artículo 50 de la Constitución Política, son obligaciones de nuestro Estado y definen los parámetros normativos para valorar si, en la práctica, un gobierno contribuye o no a realizarlas.
A la hora de plantear políticas públicas específicas, sin embargo, hay que ir más allá de estos enunciados generales. Cuando se trata de hacer, el diablo está en los detalles del “hasta dónde”, “cómo” y “con cuánto”. Sin esas definiciones concretas, que son las que hacen posible planificar y, sobre todo, evaluar resultados, es imposible rendir cuentas y todo queda en buenas intenciones o, peor aún, en ropaje para justificar lo injustificable. Para poner un caso extremo: puedo proponer abolir la Caja del Seguro y decir que lo hago para combatir la desigualdad. ¿Por qué no? En el terreno de las palabras, cualquier cosa va.
De manera muy resumida, y lo acepto, deliberadamente simple, he querido plantear la principal debilidad de la gestión pública en este país. Mucha declaración filosófica, cero propuesta específica y cero evaluación de efectos e impacto. Vean ustedes un ejemplo de la vida real: en veinte años casi triplicamos la inversión por persona en educación, un tremendo y correcto esfuerzo público. Lo hicimos para mejorar el acceso, la calidad de la educación y las oportunidades sociales, todas cosas muy nobles. ¿Ha evaluado el Estado costarricense si esa gran inversión fue eficaz? ¿En qué medida corrigió las debilidades en infraestructura, calidad de docentes y la gestión educativa?
El Estado debiera tener las herramientas para contestar estas preguntas... pero no las tuvo ni las tiene, ni en educación ni en cualquier otro sector, aunque durante todo el período ha habido planes de Gobierno, planes anuales operativos y demás etcéteras y todos decían que íbamos mejorando.
Mejoramos en algunas cosas, pero ¿usamos eficientemente los recursos? Ahora que otra vez nos adentramos en la discusión fiscal, deberíamos desarrollar un régimen de evaluación permanente de los resultados de la gestión pública como un requisito.
El país no está para una nueva expansión del gasto público ni para sostener el nivel actual sin rendición de cuentas.
Jorge Vargas Cullel realiza gestión de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución Alternativa de Conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.); y Licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica.