Hace algunos meses, ante el plenario legislativo, comenté sobre la formación de una “tormenta perfecta” que amenaza a Costa Rica. Una tormenta alimentada por condiciones externas e internas que podrían sumir a nuestra nación en una condición muy negativa.
En lo externo, enfrentamos la incertidumbre generada por las guerras en Europa y Oriente Próximo.
Estos hechos perturban la economía mundial y aceleran fenómenos que ya estaban en desarrollo, como el descenso del crecimiento económico, las dificultades para controlar la inflación, la desigualdad social, las migraciones desbordadas y la crisis climática.
En el ámbito nacional, los indicadores macroeconómicos, aun siendo positivos en varios aspectos, no se han traducido en la creación de empleo, tampoco en descensos relevantes de la pobreza o de la pobreza extrema, ni de la desigualdad social. Debe agregarse también el “apagón educativo”, así como la creciente ola de inseguridad.
El reciente Informe del Estado de la Nación nos presenta un panorama desafiante. Nos dice que “la vida política nacional está inmersa en la inmediatez y la coyuntura, quitó las luces largas y perdió el rumbo”.
El cortoplacismo atraviesa la conducta diaria de los actores políticos y sociales, y se descuidó la visión estratégica del país y la capacidad para tomar decisiones y ejecutarlas.
Todo esto debilita los logros históricos de nuestro Estado social de derecho y nos aleja de lo principal: superar la postración social y económica resolviendo las causas de los problemas nacionales.
Bienestar en retroceso
Debe ser nuestra prioridad atender esos grandes desafíos estructurales que actúan como un ancla que frena el desarrollo nacional y el bienestar de la ciudadanía.
El primero de ellos es el estado de la educación. Los resultados de las pruebas PISA de la OCDE, recientemente publicados, reflejan un retroceso de 17 puntos en comparación con el 2018. Nos ubicamos en una posición vergonzosa a escala internacional, en el lugar 57 de 81 países que realizan las pruebas.
La educación es la base de una sociedad próspera, y no atender este problema tiene consecuencias directas en el acceso al empleo, en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, y en la capacidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Justamente, la erradicación de la pobreza es un segundo gran reto nacional. El porcentaje actual del 21,8 % de hogares pobres supera el promedio histórico de nuestro país. La pobreza extrema, por su parte, sigue siendo un desafío. Está estancada en alrededor del 6,3 % de los hogares.
La atención a los sectores más vulnerables debe ser una prioridad, y no podemos permitir que miles de familias continúen atrapadas en un ciclo de pobreza sin oportunidades de prosperidad. ¡Debemos volver a ser un pueblo solidario!
La mejor forma de romper el círculo vicioso de la pobreza está en la educación y en tener las condiciones para que las personas consigan un empleo digno.
Fuentes de trabajo
Por ello, un tercer gran reto nacional está en promover las condiciones para el acceso al empleo. Este es, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales del bienestar social.
Si bien las tasas de desempleo han disminuido, la caída se debe, en parte, a la retirada de un porcentaje significativo de la fuerza laboral del mercado.
Mientras tanto, sectores clave de la economía luchan por recuperarse de los efectos de la pandemia, lo que contribuye a la persistencia de la desigualdad económica y a la poca creación de fuentes de trabajo.
Aunque hay datos positivos en el crecimiento económico, incluso superando las previsiones, debemos procurar que la actividad económica aumente de forma sostenible a lo largo del tiempo.
Asimismo, necesitamos superar la informalidad y forjar mejores encadenamientos productivos entre el régimen de zonas francas y el régimen definitivo de la economía, de tal forma que este último continúe fortaleciéndose mediante cadenas de alto valor agregado y se constituya en fuente de empleo.
Seguridad y diálogo
Por otro lado, y tal como lo hemos hecho en la Asamblea Legislativa en los últimos meses, la seguridad ciudadana es también un reto que debemos abordar.
Si aspiramos a una sociedad que viva en paz, el Parlamento debe persistir en el compromiso de otorgar al Poder Judicial la legislación que requiere para hacer efectiva la justicia contra la criminalidad organizada.
Por su parte, debemos coordinar con el Poder Ejecutivo para que tenga las herramientas necesarias para que le sea posible prevenir el delito, desarticular las bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias costarricenses.
Buena educación, empleos de calidad, generación de oportunidades, un entorno seguro y ascenso social son las herramientas que necesitamos para recomponer nuestro contrato social.
El tiempo se agota. Si no somos capaces de comprometernos en la práctica con los intereses superiores de Costa Rica y con el bienestar social de la población, el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar.
La situación que enfrentamos requiere que dejemos atrás la confrontación política estéril. Superemos las discusiones que no conducen a ninguna parte y que nada positivo aportan al país.
Asumamos el propósito de alcanzar acuerdos y podremos superar los desafíos que tenemos por delante. En el 2024, conmemoramos los 75 años de nuestra Constitución Política.
Este hito representa una oportunidad única para reflexionar sobre el país que queremos ser y los medios necesarios para serlo.
En vista de las dificultades y desafíos que afrontamos, todas las fuerzas políticas y sociales debemos comenzar un proceso de diálogo conducente a la creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional. Los invito a que sea nuestro cometido en el año que está por empezar.
Que el 2024 sea el año en el que alcemos la mirada, discutamos nuestra verdadera agenda nacional y busquemos siempre el bienestar social de nuestro pueblo en democracia y libertad.
El autor es presidente de la Asamblea Legislativa.