Desde su creación en 1963 y, sobre todo, tras asumir el manejo portuario del Atlántico, Japdeva ha exhibido un abultado catálogo de los vicios que consumen a las empresas estatales manejadas con mínimos criterios técnicos y máximas distorsiones político-clientelistas.
Producto de esta dinámica, está hoy al borde del colapso, con enorme impacto laboral, humano, social, financiero y fiscal. Y si bien el golpe que parece definitivo se lo dio la entrada en operaciones de la terminal de contenedores de Moín (TCM), la causa de fondo es otra: su captura por intereses gremiales y burocráticos que impidieron una gestión racional y se impusieron sobre el mandato de la entidad: promover el desarrollo limonense.
Frente a su descontrolada crisis, los diputados adoptaron el martes, a instancias del Ejecutivo, una respuesta provisional: un presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones para pagar tres meses de salarios. Es decir, una aspirina para paliar la enfermedad terminal. Quizá se justifique: es un costo no repetitivo, y quizá dé oxígeno para buscar alguna salida. Pero esta no parece existir. Por razones ligadas a vicios crónicos de la institución y a la incompetencia del gobierno anterior, no se tomaron a tiempo las medidas para diseñar opciones sostenibles ante la nueva realidad; tampoco se estructuraron proyectos de desarrollo provincial financiados por el canon que paga la TCM.
Además de cargar al fisco los tres meses de salarios, el Ejecutivo ha planteado un esquema de pensiones adelantadas para 277 trabajadores mayores de 55 años. Recibirían montos superiores a los que obtendrían con el régimen de la Caja tras alcanzar su edad oficial de retiro, con un costo estimado en ¢17.000 millones durante los próximos diez años: otro injusto privilegio que, además, crearía un funesto precedente.
¿Qué hacer? No tengo respuesta; brindarla es tarea de otros. Pero sí estoy convencido de que la ruta planteada es inaceptable. Lo justo es buscar un balance entre cuatro objetivos: estructurar un modelo de negocios viable, dar protección razonable y temporal a sus trabajadores, evitar costos fiscales excesivos y garantizar que estas medidas abran el camino para convertir a Japdeva en una entidad productiva o, en su defecto, cerrarla de forma ordenada.
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El autor es periodista.