Hace una semana, Costa Rica llegó a un acuerdo con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI). De ellos, solo resta el aval de su Gerencia y Directorio, que se puede dar por un hecho; de nosotros, el de la Asamblea Legislativa, con dos ejes: las leyes necesarias para lograr el balance fiscal y el convenio en sí mismo. El plazo para decidir es de cinco meses.
Tras anunciarse el convenio, subieran los precios de nuestros bonos en el mercado internacional, lo cual implica mejores expectativas y menores intereses demandados por los inversionistas.
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Si el proceso legislativo se cumple con éxito, esta tendencia se consolidará, obtendremos $1.750 millones en tres años y estaremos en ruta para sanear las finanzas públicas. De lo contrario, tendremos una crisis de gran magnitud.
La opción responsable, por tanto, es avanzar con rapidez para aprobar el complejo rompecabezas de medidas que ha costado tanto armar y que el FMI acepta.
Esto no implica que los diputados depongan su poder de enmienda, sino que lo ejerzan con responsabilidad, rigor, sentido de urgencia y abandono de posturas simplistas que, en realidad, solo buscan racionalizar bloqueos politiqueros.
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Dos han sido reiteradas alegremente: que la propuesta no contempla reactivación ni reforma del Estado. Este argumento desconoce que el acuerdo no es un programa de desarrollo, sino de consolidación fiscal, y como tal hay que valorarlo. Ignora que no habrá reactivación sin estabilidad y confianza, y que ambos objetivos se alcanzarán con el FMI; también, que el plan sí incluye importantes reformas, como la ley de empleo público, aunque algunos diputados insisten en torpedearla. Y recordemos que, en los últimos tres años, gracias al alineamiento Ejecutivo-Legislativo, avanzamos en la agenda reformista más ambiciosa de las últimas dos décadas. Allí están, entre otras, la reforma fiscal, el ordenamiento de las huelgas y las leyes para el acceso a la OCDE. Este proceso debe seguir, no frenarse con ocurrencias legislativas.
La acción pública no es ni la suma, ni la resta, ni el promedio de los intereses sectoriales o privados. Es una síntesis encaminada a procurar el mayor bien posible para el mayor número. Esto, desde la eterna imperfección de la política, es lo que traería el acuerdo. Démosle oportunidad.
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