En vista de la profunda crisis educativa que el país experimenta en materia de recursos, aprendizajes y gestión educativa, señalada por el IX Informe del Estado de la Educación, el nuevo ciclo lectivo que comenzará en el 2024 enfrenta desafíos urgentes que atender.
Lo que hagamos o no hagamos será clave para salir de la crisis y superar lo que el informe denominó la educación con “S”, la que se ha venido normalizando por no atenderse los graves rezagos de aprendizajes que muestra la población estudiantil.
Esta crisis no solo es producto del “apagón educativo”, ocurrido entre el 2018 y el 2022, sino también de problemas que el sistema venía arrastrando desde antes.
Lo sucedido en el 2023 no ayudó, pues dejó de aplicarse el Plan Nacional de Nivelación de Aprendizajes (PINA) y no se promovieron programas y medidas alternativas, ni de aceleración de aprendizajes dirigidos a los estudiantes más vulnerables y con mayores rezagos, como lo plantean la literatura especializada y las buenas prácticas internacionales.
Aunque los retos son muchos, cuatro de ellos resultan inaplazables en el 2024.
Primer desafío: recuperar la inversión en educación
Esta es una dimensión en la que el país muestra un grave retroceso, al pasar del 7,2 % que invertía en el 2018 a menos del 6 % en el 2023. Esta tendencia, que va en la dirección incorrecta, aleja al país del acuerdo nacional de invertir el 8 % en educación, establecido en la Constitución, y restringe seriamente las posibilidades de avanzar en asuntos cruciales, como la expansión de los programas de equidad para apoyar a los estudiantes pobres, mejorar los ambientes de aprendizaje en los centros educativos (infraestructura, bibliotecas, sistemas de información y otros recursos para el aprendizaje), brindar capacitación y mejorar las condiciones laborales de los docentes.
En esto, el Estado de la Educación ha señalado la necesidad de detener la caída en la inversión educativa y comenzar una recuperación gradual mediante la fijación de metas anuales de crecimiento contra metas específicas en aspectos estratégicos que contribuyan a la mejora educativa y en la que se garantice el uso eficiente de los recursos y la rendición de cuentas.
En el 2024, Costa Rica debería sumarse a los países que luego de la pandemia han realizado esfuerzos relevantes para recuperar la inversión en todos sus niveles educativos, al considerarla la estrategia idónea para garantizar una salida firme y sostenida de la crisis, al mismo tiempo que se avanza hacia la escuela del siglo XXI.
Costa Rica no puede repetir el error del siglo pasado, de alcanzar la estabilidad fiscal a costa de la educación, porque esto compromete negativamente el rumbo nacional en las próximas décadas. No hay que olvidar que la educación de hoy es la economía y la sociedad del mañana.
Segundo desafío: reducir la pobreza de los aprendizajes
La evidencia internacional señala que nuestros estudiantes tienen dos años de rezago, es decir, el alumnado de tercer grado sabe hoy lo que sabían antes quienes estaban en primero. Además, en materia de escritura y lectura, la población estudiantil que cursa cuarto, quinto y sexto muestra serios problemas de ortografía y comprensión lectora, que falsea las bases de un buen aprendizaje, tal y como lo destacó el Informe.
Los resultados de las pruebas PISA del 2022, dados a conocer recientemente por la OCDE, confirman los serios rezagos que arrastran nuestros estudiantes de 15 años en habilidades claves, como resolución de problemas, comprensión lectora e indagación científica, que afecta su inserción en la sociedad actual y coloca a Costa Rica en posiciones desventajosas frente a otras naciones.
Pese a la gravedad de la situación, el país se apresta a iniciar un nuevo ciclo lectivo en el 2024 sin un plan nacional de nivelación con metas, estrategias y recursos claros y medibles, que atiendan el problema.
Tener este plan es urgente, tanto como diseñar “trajes a la medida” para los centros y las modalidades educativas mayormente rezagados. Es decir, estrategias específicas que atiendan sus particularidades, incluida la asignación de horas extras para que los docentes atiendan efectivamente a estas poblaciones.
Asimismo, urge avanzar hacia un sistema de evaluación educativo que proporcione información robusta y confiable sobre lo que realmente saben y no saben los estudiantes, requisito fundamental para asegurar que las estrategias de nivelación tengan bases firmes, pero también que el sistema educativo valore a los docentes y centros educativos, y sea capaz de rendir cuentas a las familias y la sociedad sobre los resultados esperados.
En esta materia, el informe propuso al país empezar el diseño de este sistema de evaluación, precisando sus componentes fundamentales (marco normativo, institucionalidad, instrumentos y difusión).
Para ello, iniciar una conversación social amplia y multipartidaria, con involucramiento de la totalidad de los actores educativos es primordial. Es indispensable un trabajo colaborativo hacia un acuerdo nacional que ayude al país a dar un salto cualitativo en la materia y acercarse a las mejores prácticas internacionales, así como atender las recomendaciones hechas por la OCDE desde el 2017.
Tercer desafío: ambientes de aprendizaje de calidad y conectados
Este es un “piso mínimo” que la pandemia dejó ver que no teníamos y una deuda que en el 2023 no registró avances significativos. La persistencia de centros educativos sin condiciones adecuadas para dar lecciones, sin bibliotecas, sin libros suficientes y sin una red educativa interconectada a internet de alta velocidad (que sea utilizarse en todo el centro educativo, de manera segura e inteligente), ni docentes con competencias digitales avanzadas, afecta el rendimiento de los estudiantes, impide salir de la crisis y profundiza las desigualdades educativas.
Día a día la población estudiantil pierde oportunidades de aprendizaje, pues no se aplica la oferta formativa que el MEP ofreció, ni cuentan con equipos en la escuela o en sus hogares, aunque estos activos existen y una parte significativa de ellos hayan sido entregados al Ministerio por Fonatel y la FOD.
Es clave para mejorar los ambientes de aprendizaje cumplir con el acuerdo de universalizar el currículo completo en la mayoría de las escuelas, un acuerdo nacional pendiente desde el 2007.
El Estado de la Educación elaboró una propuesta concreta para avanzar, que esperamos sea valorada por las autoridades del MEP y los legisladores.
Cuarto desafío: mejorar la formación y contratación de docentes
Este es el factor que más incide en la mejora de la calidad de la educación. Para avanzar en este ámbito, es inaplazable que en el 2024 se cumpla la Ley 9872, aprobada en el 2020, para la aplicación de una prueba de idoneidad por parte del MEP y el Servicio Civil a los nuevos docentes, pero cuya implementación sigue pendiente.
Asimismo, es fundamental que ambas instituciones revisen los criterios de selección y perfiles de los puestos de quienes ocupan cargos en las direcciones, para promover que los nuevos contratados sean cada vez más líderes pedagógicos y menos líderes administrativos.
Para avanzar rápidamente en ambas líneas, ya existe el Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación (MNCCE), que define con claridad los perfiles docentes que el país requiere y es un instrumento de consulta indispensable para las autoridades.
En formación docente, se requiere la acreditación obligatoria ante el Sinaes de las carreras de educación que más docentes gradúan para asegurar una preparación inicial de calidad.
Igualmente prioritario es un programa nacional de capacitación y acompañamiento de los docentes en servicio, con recursos y tiempo real en el ciclo lectivo, orientado a mejorar sus prácticas en el aula y el éxito de los procesos de nivelación de los aprendizajes de sus estudiantes.
Estas son acciones concretas para los progresos que la Unesco denomina políticas docentes efectivas, que impulsan los cambios deseados.
El país no puede seguir lamentando la leche derramada, ni dejar pasar los años sin adelantos sustantivos, como en el 2023. Tampoco puede seguir realizando una mejora fiscal a expensas de las oportunidades educativas de la población. Para un país como Costa Rica, cuya principal riqueza es su gente, seguir por esa ruta es como dispararse en los pies.
El 2024 será un año que brindará la oportunidad de honrar los acuerdos nacionales en educación forjados durante décadas y que son la base para salir de la crisis.
El primer paso es reconocer que tenemos un problema grave y tomar conciencia de que al país no le sirve seguir normalizando una educación con “S”. El segundo paso es actuar, aplicando la vía costarricense de tender puentes y poner en ello el empeño de todos los sectores sociales y políticos, a escala nacional, regional y local, para que niños, niñas y adolescentes sean la semilla a partir de la cual germine el futuro que merece la Costa Rica de los próximos 50 años.
isabelroman@estadonacion.or.cr
Isabel Román es coordinadora de investigación del Informe del Estado de la Educación, PEN-Conare.