Recientemente se viralizó un video grabado por el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, donde se queja por la liberación, por parte de un juez, de un detenido por la Fuerza Pública, sospechoso de haber cometido un homicidio cerca del estadio de béisbol Antonio Escarré.
Lo anterior provocó diversas reacciones de la población en diferentes medios digitales, que se resumen en fuertes críticas a la labor del Poder Judicial. No obstante, pocas horas después, la prensa informó una perspectiva muy distinta sobre los mismos hechos y aclaró que —según fuentes judiciales— el motivo por el cual no se dictó prisión preventiva contra la persona obedecía a la elevada probabilidad de que hubiera actuado en legítima defensa.
Esto significa que no existía razón jurídica para ordenar la prisión preventiva y, por ello, se le impusieron medidas cautelares no privativas de libertad.
Me parece un proceder irresponsable del ministro producir videos con este tipo de contenidos, que causan alarma social y, principalmente, desinforman a los ciudadanos sobre las razones jurídicas que llevan a la liberación de un detenido, ignorando además la presunción de inocencia con la que debe tratarse a toda persona que solo por esa razón tiene derecho prioritario de afrontar el proceso penal en libertad. Es contrario a un Estado democrático que el ideal sea tener encarcelados a presos sin condena.
Pareciera más bien que detrás de esos mensajes está el interés por desprestigiar al Poder Judicial frente a la población, recurriendo a argumentos falaces y ayunos de razonamiento jurídico, creando confusión y malestar en el ciudadano, a quien no se le explica por qué las resoluciones judiciales se dictan en uno u otro sentido. Asimismo, constituye un irrespeto a la independencia judicial por parte de un miembro del Poder Ejecutivo, sin que sea prudente utilizar este tipo de presiones.
Si el ideal del ministro es que se dicte prisión preventiva contra todos o la mayoría de los que son detenidos por sus subalternos, bajo la presunción de que son culpables, va a empeorar radicalmente la situación que se vive desde hace varias décadas en el sistema carcelario costarricense, saturado de privados de libertad, cuyo hacinamiento rompe con los estándares de respeto por los derechos humanos.
Populismo punitivo
Lamentablemente, los fundamentos de las decisiones judiciales no son del entendimiento de la totalidad de la gente, y ello es caldo de cultivo para que el populismo punitivo haga de las suyas al diseminar mensajes confusos y alarmistas que tienen el propósito de sembrar miedo infundado entre la ciudadanía.
Confundir a la opinión pública en lo relativo a la (in)seguridad ciudadana y causar alarma genera réditos políticos, porque facilita la manipulación para emprender propuestas represivas y proponer reformas legales tendentes a sacrificar las garantías procesales que, de manera distorsionada, se presentan como si fueran instauradas para beneficiar a los “delincuentes”.
Nada más alejado de la verdad, sino que se establecieron para proteger a los ciudadanos en general de que sean sometidos a un proceso penal y evitar que se cometa una injusticia en su contra.
No es la primera vez que se desinforma a la sociedad mediante el ataque contra las resoluciones que emanan de la labor judicial, con base en falacias argumentativas que se alejan de la realidad y de los hechos que se discuten en los procesos penales.
Por ello, deben tomarse con mucha cautela dichos discursos punitivistas y no creerlos de primera mano para no ser objeto de engaño por quienes quieren sembrar percepciones alteradas de inseguridad, con el ulterior propósito de vender a la población discursos populistas que calen hondo entre los futuros electores para que, asustados, voten por quienes se presentan como salvadores o paladines de la justicia.
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El autor es abogado penalista.