Dos casos llaman a la reflexión sobre el espíritu del instituto de la prescripción. Por un lado, que las responsabilidades de la persona física o jurídica no sean indefinidas o eternas, y, por el otro, que esto no debe ser un portillo para la impunidad.
En el primer caso, un médico evadió su inhabilitación profesional, dictada en una condena penal, mediante dos mecanismos: la prescripción de la investigación administrativa interna y el otorgamiento de permisos sin goce de salario. Así no perdió la plaza. La prescripción le sirvió de portillo para incumplir parte de la pena. ¿Es esto justicia?
En el segundo, y que ya es común en los tribunales de justicia penal que ven procesos económicos complejos, sonados escándalos ocurridos en el país arriesgan con quedar prescritos por las dilaciones en la investigación contable y afín, y con esto se impediría a las víctimas resarcirse sus daños y perjuicios por esa vía llamada a ser mucho más expedita y justa (penal y civil en un mismo proceso) a diferencia de la vía civil ordinaria que podría durar hasta 10 años. ¿Es esto justicia?
La otra cara de la moneda es que existen casos que por su duración superan un quinquenio o incluso una década, y someten al imputado a una agonía de abuso durante la cual las dilaciones procesales lo someten a lo que la doctrina penal denomina la “pena del banquillo”. Esto tampoco es justicia.
En ese espíritu, reconozco que la iniciativa legislativa para disminuir la prescripción del cobro de las cargas a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la posterior interpretación que le dio la Sala IV, reafirmando que este proyecto no era una violación a la autonomía constitucional de la CCSS, ya que es materia reservada al legislador, posibilitó la aprobación de un régimen cobratorio más justo, consistente con la restante normativa tributaria nacional.
Quienes estudiamos Derecho sabemos que este es perfectible y valga esta reflexión sobre la prescripción para retomar el decálogo de Eduardo Couture y su cuarto mandamiento del abogado: “Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”.
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La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.