La confirmación de Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema estadounidense ha sido saludada como un hito para los afroestadounidenses y otras comunidades minoritarias, para las mujeres y las madres, para los defensores públicos, e incluso para quienes se formaron en la educación pública. Pero la mayor ganadora es la Corte Suprema misma.
De acuerdo con Gallup, más estadounidenses desaprueban la Corte Suprema que quienes la aprueban. Tras la caída de la confianza pública en la institución de un 62% en el 2000 a un 40% en el 2021, expertos jurídicos y politólogos advierten de que se está produciendo una crisis de legitimidad. Sin embargo, el apoyo a la confirmación de Jackson fue de un 66%, el mayor para una persona nominada en más de una década.
Si bien no se supone que la Corte deba ser “popular”, las percepciones públicas sí importan, porque plantean una pregunta —y un misterio— que los filósofos legales han debido enfrentar durante milenios: ¿Por qué la gente obedece las leyes? O, dicho de otra manera, ¿qué otorga autoridad a las leyes y a las instituciones legales?
En la tradición de la ley natural de Tomás de Aquino, las leyes están íntimamente vinculadas con la religión y, en consecuencia, derivan su autoridad de la misma fuente que ella: Dios. Pero la cuestión se complica en un contexto secular.
Según los positivistas legales (la visión actualmente más aceptada), el “pedigrí” —u origen institucional— de la ley es lo que le otorga su fuerza y la pone por encima de una regla o norma. Sin embargo, este argumento crea un problema del “huevo o la gallina”, porque deja en suspenso la pregunta de cómo una institución cobra autoridad legal si no es a través del poder de la ley.
Elemento sicológico
Los positivistas legales conceden que su explicación requiere un “punto de vista interno”. Por ende, sea cual sea la teoría legal a la que se suscriba, siempre habrá un elemento sicológico que sustente el funcionamiento de un sistema legal. Sin la aceptación de suficientes personas, la institución no puede persistir. Así, la confianza pública —o popularidad— acaba por estar en el centro mismo del imperio de la ley.
En teoría, el “punto de vista interno” de los positivistas se podría sustentar en la moralidad (creer que existe una obligación moral de obedecer la ley), la coerción (obedecerla por temor a las consecuencias de no hacerlo) o el simple hábito (cumplir la ley sin cuestionarla porque es la norma).
Pero, como argumenta Tom R. Tyler de la Escuela de Derecho de Yale, el respeto por las leyes y sus instituciones es una motivación mucho más sólida que el temor al castigo.
El trabajo de Tyler muestra cómo se puede llegar a un equilibrio entre el mero cumplimiento (en que las personas cumplen reaciamente el mínimo de lo que las leyes exigen de ellas) y una cultura de cooperación (en que están intrínsecamente motivadas a participar activamente en la sociedad y sus instituciones legales).
Para que una institución legal funcione, debe responder tanto al contexto en el cual se encuentra como a los supuestos previos cognitivos de sus participantes. O, más hacia el punto, la Corte Suprema se debe adaptar a las cambiantes realidades sociales, políticas y demográficas de su país, y tiene que interactuar con el siempre cambiante mosaico de experiencias y cosmovisiones representado en la población estadounidense.
Fortalecimiento de la legitimidad
En relación con lo anterior, la confirmación de Jackson podría reforzar el menguante atractivo afectivo de la Corte. Hay estudios que demuestran que la representación afroestadounidense en sus escaños conduce a una mayor percepción de legitimidad entre quienes forman parte de este colectivo.
La filósofa Martha C. Nussbaum ha argumentado que las “emociones políticas” son cruciales para la coherencia de las comunidades políticas. De manera similar, el imperio de la ley depende de “emociones legales”, como es que quienes estén vinculados por un sistema legal sientan que tanto su letra como su espíritu son adecuados para sus fines.
La transformación de una académica jurídica aparentemente recatada de la Universidad Rutgers en la “Célebre RBG” es ilustrativa. El amplio atractivo de Ruth Bader Ginsburg inyectó al sistema judicial estadounidense un nivel de energía legitimadora, atrayendo a muchos que de otra forma habrían sido inmunes a la fuerza vinculante de la ley.
El propósito de la ley no es aterrorizarnos para que la obedezcamos, sino inspirarnos a que seamos ciudadanos involucrados y activos. En la medida en que ha logrado capturar la imaginación popular, el ingreso de Jackson a la Corte Suprema podría mejorar el apoyo de la gente del cual, a fin de cuentas, dependen las leyes.
Fragilidad
Las instituciones son inherentemente frágiles. La irrupción y saqueo del Capitolio estadounidense el 6 de enero del 2021 fue un aleccionador recordatorio de lo rápido que se pueden deslegitimar tanto ellas como las normas.
Al otro lado del Atlántico, la ligereza —y la flagrante violación— con que el primer ministro Boris Johnson manejó las reglas de la covid-19 que sofocaron las vidas de los británicos de a pie ha expuesto a ataques a Downing Street 10, sede del Gobierno británico. Hasta ahora, la ira popular se ha dirigido a Johnson, pero podría transformarse fácilmente en un desencanto con las leyes mismas.
Con respecto a la Corte Suprema, su reputación como institución se ha visto afectada no solo por el espectáculo político que ha caracterizado el proceso de confirmación, sino también por las decisiones cada vez más regresivas y partidistas que ha tomado en los últimos años.
Con frecuencia, los conservadores estadounidenses profesan su devoción por el “imperio de la ley”, pero con los votos de apoyo de apenas tres republicanos en la confirmación de Jackson, a pesar de su abrumadora popularidad, los conservadores socavan la misma institución que dicen proteger.
Como afirmó Jackson tras su confirmación: “Han sido necesarios 232 años y 115 nominaciones anteriores para que una mujer afroestadounidense sea seleccionada para ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero lo hemos logrado”.
Yo agregaría que el “nosotros” de su frase se puede aplicar al sistema judicial entero. El nombramiento de Jackson no es simplemente una victoria largamente debida de las comunidades minoritarias. También representa el comienzo de un cambio de paradigma para la mayoría.
Jackson no es solo una heroína de raza negra. Es una mujer plenamente estadounidense que debería haber sido tratada como tal desde el comienzo.
No hemos resuelto por completo el misterio de por qué obedecemos la ley. Pero la confirmación de Jackson nos da una potente razón adicional para hacerlo.
Antara Haldar es catedrática universitaria de Estudios Legales Empíricos en la Universidad de Cambridge.
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