La productividad es la base del crecimiento económico y sostenido a largo plazo. Solo si se incrementa el tamaño del pastel se puede contar con más recursos para atender las crecientes necesidades de la ciudadanía.
La literatura y la experiencia internacional enseñan que los factores principales que afectan la productividad son internos (derivados de las prácticas de producción de las empresas y sobre los cuales estas tienen algún grado de control directo) y externos (entornos en los que operan las empresas, sobre los cuales estas no tienen control directo alguno).
El primer grupo abarca elementos relacionados con la capacidad de innovación de las empresas y el segundo, la eficiencia con que los mercados asignan los recursos entre las empresas.
En el primer grupo hablamos de las mejoras que las empresas realizan en gestión, organización, calidad de insumos, I+D, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y aprendizaje.
Por otra parte, la reasignación de recursos es función del mecanismo de mercado (por ejemplo, qué tan eficiente es al permitir que el empleo se mueva de las empresas menos productivas a las más productivas). Finalmente, existen otros elementos externos que afectan a ambos grupos. Estos se refieren a la calidad del capital humano, el acceso a información, tecnología y financiamiento, el clima de negocios y el marco institucional.
Marco institucional
Es vital definir políticas públicas que atiendan los diferentes retos y aprovechen las oportunidades en cada una de las áreas antes señaladas, así como coordinar las diversas instituciones involucradas, monitorear y evaluar los esfuerzos en la ejecución de dichas políticas. Algo que no puede hacer un solo ministerio.
La experiencia internacional sobre consejos de productividad, característicos de muchos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala la importancia de trabajar en el desarrollo de un marco institucional que permita el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias para la promoción de la productividad y competitividad de los países.
Para el diseño de tales estrategias se necesita una visión clara sobre tres puntos concretos: cuáles son los problemas por resolver, una buena comprensión de la realidad de lo que se tiene (línea base) y visión de a dónde se desea llegar.
En el caso de nuestro país, lo anterior es clave para contar con eficientes estrategias de promoción de encadenamientos productivos y el desarrollo territorial, de clústeres y del talento humano, etc.
Para ello, es necesario crear una institucionalidad que garantice mejoras permanentes en los tres grupos de determinantes señalados. Se propone entonces contar con una instancia que permita definir las estrategias en las cuales se señalen las hojas de ruta a las diferentes instituciones públicas y otros actores, e igualmente sirva como mecanismo de coordinación de los esfuerzos entre todas estas instancias.
Ambas funciones son la esencia de ser del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC), cuya creación por ley es fundamental. Este Consejo tiene dos comités: uno asesor a cargo de apoyar al gobierno en la definición de las estrategias señaladas y uno ejecutivo que dirige las políticas de desarrollo productivo que concreten los objetivos planteados en las estrategias.
Política a largo plazo
Según la experiencia de países exitosos como Finlandia (Consejo de Investigación e Innovación) e Irlanda (Consejo Nacional de Competitividad), la creación de instancias gubernamentales de alto nivel es un elemento clave para articular de mejor forma las políticas públicas relacionadas con la productividad, en especial la innovación y el desarrollo del talento humano.
Estas instancias son fundamentales para la ejecución de políticas transversales mediante la coordinación de representantes de los sectores público y privado y la academia.
La mayoría de los Consejos de Competitividad establecidos con éxito alrededor del mundo (Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Holanda, por citar algunos) coinciden en su visión estratégica a mediano y largo plazo, coordinan la acción de distintos ministerios e incorporan actores privados de gran relevancia en la actividad productiva.
Los Consejos cuentan con un liderazgo al más alto nivel, en la figura del presidente de la República o primer ministro, y procuran consolidar la institucionalidad más allá de un período presidencial para garantizar que no sean estrategias cortoplacistas, sino decisiones estructurales de política pública requeridas por los países.
Para ello, fortalecen su carácter permanente mediante la creación de secretarías técnicas de apoyo, cuyo modelo de organización responde a las características propias de cada país y al contexto histórico que les dio origen. Adicionalmente, la OCDE señala la importancia de contar con una institucionalidad apropiada para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social de un país.
Mediante la creación del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) en nuestro país, será posible fortalecer los vínculos existentes entre el gobierno, el sector privado y la academia en la promoción de estrategias a mediano y largo plazo, tales como la de encadenamientos productivos, desarrollo de clústeres, talento humano, desarrollo territorial, etc.
Institucionalizar el Consejo por ley permitirá la aplicación de las buenas prácticas internacionales y dar seguridad jurídica y permanencia en el tiempo a las políticas públicas dirigidas a fortalecer la productividad y competitividad, vitales para contar con un crecimiento económico alto y sostenido.
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El autor es presidente de la Academia de Centroamérica.