Hay semanas en que llegan en combo, pero nunca falta una en la cual no salte cuando menos una pifia. Los errores o desaciertos se convirtieron en cosa común en el gobierno de Rodrigo Chaves, cuya administración se comporta como si estuviera compuesta por principiantes.
Hay factores de peso. Posiblemente, uno de ellos sea el hecho de que el mandatario vivió más de 30 años fuera de Costa Rica, distanciamiento que le dificulta el manejo de un país que cambió en más de un cuarto de siglo.
La democracia demanda mucho trabajo. Obliga a los gobernantes a respetar la división de poderes, a sentarse a negociar con el propósito de convencer a cada sector o adversario político para que dé su apoyo.
Igualmente, requiere comprender que la Constitución Política está por encima de las leyes y los decretos, y los tratados internacionales están en primer lugar cuando otorgan mayores garantías a los ciudadanos incluso que la carta magna. Lo que no se le puede perdonar a un gobernante es que desconozca la realidad del país que lo eligió.
El acabose, en el caso de Rodrigo Chaves, fue su atrevimiento de defender un impuesto a las sillas de ruedas sosteniendo la teoría de que de por sí “lo pagarían los quintiles más ricos“. A los pobres, cree él, la silla se la regala la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esa suposición es insultante.
En el 2018, cuando Chaves vivía en Indonesia, la primera y última encuesta del INEC sobre personas con discapacidad reveló que el 18 % de la población mayor de 18 años padecía algún tipo de limitación física (670.000 personas, un 61 % eran mujeres). El 56 % no tenía trabajo y, lógicamente, no eran millonarias. El 30 % formaba parte del primer quintil (hogares con menos ingresos); el 25 %, del segundo quintil; y solo un 15 %, del quinto quintil (hogares con más ingresos).
Pretender recaudar más impuestos a costa de personas con discapacidad aumenta la pobreza y no cabe esgrimir la mentirilla de que la CCSS da sillas de ruedas. Las da, pero con años de espera o si los magistrados de la Sala IV lo ordenan. Incluso, en algunos casos, la CCSS obliga a pagar un porcentaje.
Al mandatario le hace falta una asesoría y cultivar la sensibilidad propia de los demócratas.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
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