Personas no gratas

La relación entre la ley, las sentencias y la administración pública, matizada con un hecho curioso ocurrido en Guanacaste

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Se admite sin dificultad que la ley es la más alta expresión del poder configurador del Estado, tanto como la sentencia lo es de la potestad estatal de decir qué es el derecho. Entre la ley y la sentencia fluye la infinita actividad de la administración, compuesta de disposiciones generales y actos concretos que han de ser devotos de la primera y obedientes a la segunda.

¿Llega tan lejos la potencia de leyes y sentencias, y es tan indiscutible la devoción y la obediencia, que lo mismo aquellas que las disposiciones generales y los actos particulares de quienes gestionan o fiscalizan los negocios públicos, desde posiciones convergentes, discordantes o antagónicas, están eximidos de escrutinio, oposición o discrepancia?

Una noche del mes de julio de un año en el que todavía me desempeñaba como juez constitucional, me entretenía en el parque de Liberia con las actividades conmemorativas de la anexión del partido de Nicoya. Recuerdo que ahí escuché por vez primera el Vals del coyote, admirable pieza de Max Goldenberg que años más tarde, despojado de la toga judicial, oí cantar al autor en el corredor de su acogedora casa nicoyana.

“Era un coyote enamorado de la soledad, y una luciérnaga que entró a su cueva lo despertó…”. Molesto por la luz que titilaba, el coyote se la tragó. “Desde ese día el pobrecito cuando aúlla, iluminando las aldeas circunvecinas, se quedó sin soledad, pues todo el mundo llega a ver aquel prodigio del aullido que da luz”.

Mientras me alumbraba con los matices profundos del vals, y seguro de que por deformación personal lo tomaba también como una parábola política, me asaltó el temor de hallarme en ese momento en territorio prohibido.

Tiempo atrás, la Sala Constitucional había dictado una sentencia unánime que no había sido del agrado de las municipalidades de Guanacaste. Estas adversaron acerbamente la resolución, y para confirmar su repudio declararon formalmente que en adelante los jueces constitucionales éramos personas no gratas en la provincia; no se quería que pusiéramos un pie ahí.

Cuando el gesto municipal, que pasó casi desapercibido, me vino a la cabeza, me sobresalté: ¿Qué estoy haciendo en Liberia, donde según la declaración no soy bien recibido? La verdad es que nadie mostraba molestia, todo el mundo disfrutaba de las composiciones de Goldenberg y yo de la bonhomía liberiana.

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.