La región andina está cada vez más complicada: cuatro de sus cinco países atraviesan crisis de diversos grados, un panorama socioeconómico complejo que se agrava debido al fuerte embate del coronavirus (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), mientras en Colombia la pandemia también se dispara en número de contagios y muertos.
El arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe y de su abogado, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, en una causa por fraude procesal y soborno, tensó al máximo el ambiente político.
Mientras los familiares de las víctimas de ejecuciones del Ejército celebraban esta detención, el presidente, Iván Duque, hacía una incondicional defensa de su mentor político y proponía llevar adelante una profunda reforma judicial; defensa y propuesta que desataron una ola de críticas desde la oposición.
Por su parte, el partido del expresidente, Centro Democrático, solicitó la convocatoria de una asamblea constituyente. Como bien dijo el editorial de El País, el arresto de Uribe “pone a prueba la madurez política” de Colombia y, agrego yo, la confianza en el sistema judicial.
Desgaste. Bolivia atraviesa una transición cada vez más compleja. El gobierno interino de Jeanine Áñez está desgastado y enfrenta una dura oposición del Movimiento al Socialismo (MAS), que controla ambas cámaras del Congreso.
Nuevos escándalos de corrupción, un mal manejo de la crisis sanitaria y una creciente polarización alimentan este coctel explosivo.
Los nuevos comicios, presidenciales y congresales, que debieron celebrarse el 3 de mayo, fueron pospuestos dos veces debido a la pandemia. Cabe recordar que estas elecciones fueron llevadas a cabo en octubre del 2019, pero anuladas posteriormente por graves irregularidades denunciadas por la OEA.
Una nueva fecha, fijada para el 6 de setiembre, fue recalendarizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 18 de octubre.
El MAS, que continúa bajo el liderazgo del expresidente Evo Morales desde su exilio en Argentina, se opone a este aplazamiento y presiona, con movilizaciones y bloqueos, para que los comicios se realicen en setiembre.
Las últimas encuestas colocan al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, en el primer lugar, pero obligado a tener que disputar un balotaje con el expresidente Carlos Mesa, quien ocupa el segundo lugar en intención de votos, o con Áñez, ubicada de momento en la tercera posición.
Debilidad institucional. Ecuador tendrá elecciones el 7 de febrero del 2021 en un difícil escenario socioeconómico y en un contexto de marcada debilidad institucional y creciente polarización.
La credibilidad del Congreso es del 5 % y la de los legisladores, del 2 %. El incumplimiento de las promesas de campaña, la crisis económica y diversos casos de corrupción hundieron la confianza del presidente Lenin Moreno al 8 %, quien por mandato constitucional no puede aspirar a un segundo período.
A ello debemos sumar la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa vuelva a competir en las próximas elecciones, ya no como candidato a la presidencia (la Constitución del 2008 no lo permite), pero sí como aspirante a la vicepresidencia de una fórmula en la que aún se desconoce quién la encabezaría.
La semana pasada un juez contencioso-electoral dejó sin efecto la suspensión del partido político que cobija al correísmo, sentencia que fue dictada por el Consejo Nacional Electoral, que de inmediato apeló este fallo al pleno del Tribunal Contencioso Electoral. La disputa legal sigue abierta y el plazo para inscribir candidatos expira el 23 de agosto.
La única bocanada de oxígeno para el gobierno de Moreno viene de la negociación exitosa que acaba de hacer de la deuda externa, reestructuración que, además de ahorrar al fisco más de $1.500 millones, le permitirá hacer inversiones sociales urgentes, ya que, de no mejorar rápidamente la crítica coyuntura socioeconómica que atraviesa el país, existe el riesgo de que las protestas sociales, que tuvieron lugar a finales del año pasado y que fueron enviadas a cuarentena por la pandemia, resurjan con fuerza.
Conflicto entre poderes. En Perú, el martes 4 de agosto el Congreso le negó el voto de confianza al ex primer ministro Pedro Cateriano, quien debió renunciar junto con todo su gabinete.
Dos días después, el presidente, Martín Vizcarra, designó un nuevo gabinete liderado por el exministro de Defensa Walter Matos, quien deberá ser investido en los próximos 30 días.
Se abrió así otra crisis entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso, elegido a finales de enero de este año, coyuntura cuya causa principal es la debilidad institucional del sistema político peruano.
A ello debemos sumar la propia debilidad de Vizcarra —presidente sin partido, sin bancada parlamentaria y que llegó al poder debido a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski—, un escenario económico y social muy complejo, y una crisis sanitaria que no cede.
Dos Congresos y cinco primeros ministros en poco más de dos años que Vizcarra lleva en la presidencia evidencian la marcada inestabilidad política de Perú.
En este volátil escenario, el país se encamina a celebrar sus elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 11 de abril del 2021.
Empeoramiento económico y social. Venezuela sigue atrapada en su laberinto. El ilegítimo mandatario, Nicolás Maduro, aprovecha la pandemia para profundizar el autoritarismo y la represión.
Las crisis económica, humanitaria y sanitaria continúan agravándose. El régimen autoritario chavista, aprovechando este complejo escenario y el mal momento que atraviesa la oposición, convocó recientemente elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, comicios que, de celebrarse con las actuales reglas y autoridades electorales, carecerán de los niveles mínimos de integridad electoral y legitimidad.
La oposición que es liderada por Juan Guaidó anunció que bajo esas circunstancias no participará en el proceso electoral.
Resumiendo, los Andes —región acostumbrada a las crisis políticas— atraviesan nuevamente momentos de turbulencia y zozobra, que si bien ya estaban presentes a finales del año pasado —tras la anulación de las elecciones en Bolivia, la disolución constitucional del Congreso en Perú, la grave crisis venezolana y las protestas sociales en Ecuador y Colombia— la pandemia vino a exacerbarlos, desnudando la debilidad institucional, profundizando la inestabilidad y volatilidad políticas, acelerando el desgaste de los gobiernos y agravando la gobernabilidad.
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El autor es director para América Latina de IDEA Internacional.