SEÚL– Hong Kong está sobre el filo de la navaja. Alguna vez fue una de las ciudades más libres y más abiertas de Asia, pero enfrenta hoy el espectro de una nueva ley de seguridad impuesta por China que cercenaría las libertades de su pueblo y crearía un clima de miedo.
La ley está en flagrante incumplimiento de la Declaración Conjunta chino-británica, registrada en las Naciones Unidas, y abriría el camino a violaciones generalizadas de los derechos humanos. Las Naciones Unidas no pueden permitir que esto suceda.
El Reino Unido le devolvió Hong Kong a China hace 23 años con la promesa de que el territorio gozaría de un “alto grado de autonomía”, bajo el principio de “un país, dos sistemas” durante, por lo menos, 50 años.
Durante la primera década, aproximadamente, China cumplió en gran medida esa promesa, pero su compromiso enseguida comenzó a languidecer.
Ya en el 2014, el pueblo de Hong Kong protestaba por el incumplimiento de la garantía por parte del gobierno, incluida en la Ley Básica, de que el jefe ejecutivo de la ciudad sería elegido por “sufragio universal”.
En los años subsiguientes, los libreros que ofrecían títulos críticos de las autoridades chinas eran secuestrados y llevados a China continental.
Los legisladores y candidatos prodemocracia fueron acosados y descalificados de las elecciones. Los periodistas extranjeros y defensores de los derechos humanos de alto perfil fueron expulsados de Hong Kong o se les negó el ingreso.
Simon Cheng, un ciudadano hongkonés que trabajaba para el Gobierno británico, fue detenido durante 15 días después de un viaje a China continental y fue torturado hasta que “confesó” haber solicitado prostitución.
Cuando los ciudadanos de Hong Kong protestaron, pagaron un precio muy alto. El “movimiento de los paraguas” del 2014 se ganó su nombre por los escudos que los manifestantes utilizaban para protegerse del gas lacrimógeno.
Cuando estallaron protestas aún mayores el año pasado, se toparon con una violencia más extrema por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque las manifestaciones fueron en gran medida pacíficas, especialmente al principio, la policía desplegó todo tipo de armas, incluidos bastones y, en algunos casos, munición real, con total impunidad.
En enero, dos relatores especiales de las Naciones Unidas emitieron un comunicado alegando el “uso inapropiado de agentes químicos”, incluidos “sustancias peligrosas como gas lacrimógeno, gas pimienta, bolas de pimienta y compuestos químicos irritantes esparcidos desde cañones de agua”.
Asimismo, en febrero, cuatro expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas escribieron al gobierno chino detallando evidencia de acoso, intimidación y detención de trabajadores de la salud durante las protestas.
Según el informe, “grandes cantidades” de esos trabajadores fueron arrestados y “esposados con cables de cremallera”.
Incluso después de presentar identificación, fueron arrestados por “participar en un disturbio” y detenidos durante 24 horas sin acceso a un consejero legal, antes de ser liberados bajo fianza, con cargos pendientes.
El informe también resaltaba “el mal uso del transporte, las instalaciones y la información confidencial del sector de atención sanitaria”.
Las autoridades de Hong Kong, y los gobernantes chinos que las respaldan, no han cedido. En abril arrestaron a 15 de los líderes prodemocracia más respetados de la ciudad, incluido el “padre” del movimiento, el abogado Martin Lee, de 82 años.
A finales de mayo, la legislatura de aprobación automática de China, la Asamblea Popular Nacional, promulgo, por 2.878 votos a 1, la nueva ley de seguridad para Hong Kong.
Si bien los detalles de la nueva ley no han sido anunciados, se sabe que contiene cláusulas que prohíben la “subversión”, la “secesión” o la “colusión con fuerzas políticas externas”, delitos definidos vagamente que ofrecen a las autoridades de China una cobertura legal para reprimir toda forma de disidencia.
Por ejemplo, podría considerarse que los ciudadanos de Hong Kong que informan a parlamentarios, grupos de derechos humanos o periodistas extranjeros están cometiendo un delito. La ley también le permitiría al gobierno de China crear “órganos de seguridad” en Hong Kong.
Tanto el colegio de abogados de Hong Kong como el Comité de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Inglaterra y Gales advierten de que la ley de seguridad socavaría seriamente los derechos fundamentales, incluidas las libertades de expresión, de asamblea, de asociación y de religión o credo.
Como observaron cerca de 900 líderes internacionales —desde ex primeros ministros hasta prominentes expertos legales y en derechos humanos— en una declaración conjunta, la ley representa un “ataque integral” a la “autonomía, Estado de derecho y libertades fundamentales” de Hong Kong y un “incumplimiento flagrante” de la Declaración Conjunta chino-británica.
Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong y uno de los principales organizadores de la declaración conjunta, declaró que “los defensores de la democracia liberal no deben mantenerse al margen”.
Pero ¿qué deberían hacer? Una posibilidad sería que las Naciones Unidas crearan la posición de enviado especial o relator especial para derechos humanos en Hong Kong, o ambas.
Es probable que ninguno de los dos cargos cambie la situación de la noche a la mañana, pero cada uno podría dar muestras de apoyo o protección al pueblo hongkonés.
Como ex relatora especial de las Naciones Unidas, sé que ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas. Un relator especial, nombrado mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos, se dedica a exponer violaciones de derechos humanos, y podría ayudar a alcanzar un tipo de responsabilidad a través de la transparencia.
Un enviado especial normalmente es menos vocal en materia de derechos humanos, mas puede promover una solución política o diplomática.
Aunque China se opusiera —y el país tiene un peso considerable—, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, podría nombrar un enviado por iniciativa propia.
La idea de crear un enviado especial cuenta con un amplio respaldo, incluso de Patten. Las bancas de las comisiones de asuntos externos en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido escribieron una carta instando a Guterres a atender esta petición. Debería escuchar, y rápido.
El conflicto entre las autoridades chinas y los ciudadanos de Hong Kong seguirá en aumento, razón por la cual la acción internacional se ha vuelto tan urgente.
Treinta y un años después de la masacre de la plaza Tiananmén, Hong Kong enfrenta la amenaza real de Tiananmén 2.0.
Las Naciones Unidas no deberían esperar a que lo único que reste por hacer sea limpiar la sangre derramada en las calles.
Yanghee Lee: profesora de Psicología y Educación Infantil en la Universidad SungKyunKwan en Seúl, fue relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Myanmar y presidenta de la Comisión de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
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