Página quince: ¿Se define Puerto Rico?

La independencia total de Estados Unidos tiene pocos partidarios, la estadidad cuenta con más adeptos

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FIRMAS PRESS.- Conocí de cerca la belleza de la Isla del Encanto y la bondad de su gente. Hace más de medio siglo me fui a enseñar a Puerto Rico. Allí viví cuatro años y nos nació un hijo.

Mandaba el gobernador Roberto Sánchez Vilella. Le creí a Luis Muñoz Marín, líder de los populares, cuando nos explicó que el Estado libre asociado era el presente y el futuro del país, pero no tardaría en escuchar que «no era Estado, ni libre, ni asociado». ¿Qué era entonces?

Finalmente, hablaron los expertos. (Por lo menos, muchos de ellos). Decenas de scholars en derecho constitucional de las mejores universidades estadounidenses escribieron una carta pública a Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, Charles Schumer y Mitch McConnell —líderes demócratas y republicanos del Poder Legislativo, donde está la autoridad de la isla— urgiéndolos a aprobar la ley que permitiría a Puerto Rico incorporarse como el Estado número 51 a la Unión Americana.

Simultáneamente, los animan a que rechacen la propuesta de ley llamada Puerto Rico Self-Determination Act. La razón que esgrimen tiene que ver con la esencia de la república: Estados Unidos es una república regida por leyes y no se contempla una vinculación al país que no sea como un Estado más de la Unión Americana.

El Estado libre asociado, creado por Luis Muñoz Marín en 1952, no es posible. Es una quimera. No existe. Según los firmantes de la carta, el juego no es a tres bandas. Es solo a dos: independencia total o total vinculación a Estados Unidos.

Sin apoyo. Naturalmente, como la independencia total tiene pocos partidarios —apenas un 6 %—, eso deja a la estadidad como única opción real. Pero sucede que las dos terceras partes de los puertorriqueños comparten valores y visión con los demócratas actuales (todos: los de derecha y los de izquierda), así que los republicanos prefieren prolongar indefinidamente la cuestión del estatus de Puerto Rico, y que sea la próxima generación la que busque una solución al «problema».

Los dos senadores puertorriqueños y la decena de congresistas federales, de acuerdo con el panorama político actual, se vincularían a los demócratas y «desequilibrarían» las relaciones de poder en Washington. ¿Se aumentarían las 435 bancadas del Congreso para acomodar a los boricuas o se mantendría esa cifra y se redistribuirían las curules? Es complicado.

En todo caso, si los puertorriqueños tienen una oportunidad de alcanzar la estadidad, es ahora, durante la presidencia de Joe Biden, cuando se tiene una visión plural de la sociedad estadounidense y existe en Washington una manera inclusiva de entender las relaciones políticas.

Hace 123 años, en 1898, comenzó el «problema», durante la guerra hispano-estadounidense. Entonces desembarcaron los estadounidenses en Puerto Rico y Cuba, en una salva de aplausos y apoyos a cargo de los boricuas y los cubanos.

Poco antes, la flota del almirante George Dewey, de Estados Unidos, pulverizaba los barcos españoles en Manila, Filipinas. Aquello, más que un combate naval, fue un tiro al blanco. Los cañones de EE. UU. tenían mayor alcance que los españoles. Era un mono amarrado peleando contra un tigre suelto y furioso.

Distintos sinos. Las tres naciones tuvieron un destino diferente. Una vez colocadas bajo la soberanía de Estados Unidos, luego del triunfo de este y la firma del Tratado de París entre los representantes de Washington y Madrid, Cuba se convirtió en una república independiente en 1902, mientras Puerto Rico y Filipinas fueron territorios legalmente controlados por el Congreso de Estados Unidos. Las tres naciones se transformaron en «protectorados» de Estados Unidos mediante procedimientos diferentes.

Cuba lo fue hasta 1934. En ese año Estados Unidos derogó unilateralmente la Enmienda Platt. Filipinas se independizó el 4 de julio de 1946, tras la derrota de los japoneses, y solo Puerto Rico continuó siendo parte de Estados Unidos. ¿Por qué?

Porque en 1917, mediante la Ley Jones, firmada por el presidente Woodrow Wilson, les otorgaron la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Únicamente un puñado se negó a aceptarla.

Unos 18.000 se integraron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No se sabe cuántos boricuas pelearon o murieron en la Primera Guerra Mundial, pero sí que los puertorriqueños negros participaron en batallones segregados, como era la costumbre estadounidense en esa trágica época de derechos civiles conculcados. (Fue el presidente Harry Truman, tras la Segunda Guerra Mundial, quien liquidó la segregación racial en las Fuerzas Armadas de EE. UU.).

¿Aprovecharán los partidarios de la estadidad los cuatro años de Biden para tratar de alcanzar sus objetivos? No sé. Recuerdo a un muñocista que fue mi amigo, Wilfredo Brashi, un notable escritor boricua, endiabladamente inteligente, que me dijo: «El final de este drama será la estadidad». ¿Será?

Carlos Alberto Montaner es periodista y escritor.