El proyecto de ley para autorizar el retiro total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en el momento de la jubilación desvirtúa el objetivo de la Ley de Protección al Trabajador (LPT). Como ha sido comprobado en varios países en donde se ha dado curso a una propuesta similar, la mayoría de los trabajadores retira el dinero lo más pronto posible y no lo usa para gastos relacionados con la vejez.
Lo anterior obedece, entre otros, a dos características del comportamiento del ser humano. El primero es preferir el dinero inmediato al dinero futuro, aunque el segundo sea más cuantioso, lo que en economía se denomina descuento hiperbólico. El segundo consiste en un pesimismo que conduce a creer que su expectativa de vida es inferior a lo indicado por la evidencia estadística.
Cualquiera que sea el motivo, en otros países, más del 90 % de los pensionados gastan el dinero en los primeros años del retiro. Una situación así condenaría a una cantidad considerable de nuestros adultos mayores a trabajar hasta que sus fuerzas no den más y, después de ello, a vivir en la pobreza, lo cual es contrario a lo indicado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La defensa de los derechos humanos por parte del Estado está por encima de ideologías, e incluso las sociedades con más libertades económicas están de acuerdo en defender tales derechos. Ya de por sí Costa Rica exhibe cifras vergonzosas de pobreza en la vejez, pues esta cohorte sufre la tasa más alta de pobreza entre todos los grupos de la población, algo que no sucede en ningún otro país de América Latina.
Aunque es muy pronto para evaluar el desempeño del ROP, pues fue creado hace solo 18 años y se requiere por lo menos el doble de este lapso para ver sus frutos, sí pueden promoverse mejoras para aumentar el monto de la pensión que reciben quienes cotizaron. A continuación se presentan tres propuestas en esa dirección.
Acortamiento del plazo para el cálculo de la pensión. Una considerable proporción de los trabajadores elige el retiro programado como forma de pensión. Este producto consiste en distribuir el saldo del ahorro individual en mensualidades que se recalculan todos los años según la tabla de mortalidad, que se extiende hasta los 115 años, tomando en consideración la probabilidad de sobrevivencia.
Este producto tiene la desventaja de que el monto de la mensualidad disminuye con el tiempo, pues cada año de sobrevida aumenta la edad esperada de seguir cumpliendo años. Por ejemplo, un varón de 65 años que se pensiona con un saldo del ROP de ¢10 millones iniciará con una mensualidad de casi ¢59.000 y para cuando llegue a su esperanza de vida en el momento de pensionarse, que era de 84 años, la mesada se habría reducido a ¢39.000. Para esa época, habría consumido el 72 % de su saldo, o sea, le quedarían casi ¢2,8 millones de los ¢10 millones iniciales.
Esta característica hace que el retiro programado no sea considerado una opción de pensión en algunos países como Bolivia, El Salvador y Uruguay, pues tiende a desproteger a las beneficiarios con el tiempo y contraviene los principios de la seguridad social. De hecho, para evitar un problema similar, recientemente en Colombia, propuse para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (equivalente al ROP) ofrecer como opción una renta financiera constante en el tiempo y solo se ajustará por inflación, ligada a un seguro de longevidad para cubrir a los pensionados que sobrevivan al agotamiento de su saldo.
En Costa Rica, una opción es ofrecer al trabajador la oportunidad de acortar el plazo para el cálculo del retiro programado, por ejemplo, hasta su expectativa de vida en el momento de pensionarse. Así, en el caso del varón del ejemplo anterior, si se trunca el cálculo del retiro programado a 84 años, la mensualidad del ROP pasaría de ¢59.000 a ¢67.000, o sea, un aumento de casi un 14 %. Lo anterior se hace bajo el entendido de que si el pensionado cumple su edad esperada, el saldo se agotaría totalmente en ese momento.
Tasa de descuento para el cálculo de la mensualidad. La fórmula para el retiro programado, indicada en el reglamento de la Superintendencia de Pensiones (Supén), descuenta las mensualidades a una tasa real del 3 %. Sin embargo, la rentabilidad histórica que han logrado las operadoras de pensiones sobre las inversiones del ROP ha sido superior al 5 %. De mantenerse esta tendencia en el futuro, el resultado sería que el trabajador recibiría una mensualidad inferior en los primeros años de pensionado y una mensualidad superior en los últimos años de la tabla de vida, si sobrevive.
La propuesta sería, entonces, aumentar la tasa de la fórmula para descontar más fuertemente las mensualidades del retiro programado. Si esta tasa se aumenta al 4 %, el monto de la mesada subiría un 14 % y, si la tasa se aumentara en un 5 %, la mesada subiría un 29 %.
De combinarse ambos factores, o sea, un acortamiento del plazo y un aumento en la tasa de descuento, la mesada del retiro programado para la persona del ejemplo indicado podría pasar de ¢59.000 a ¢87.000.
Retomar el proyecto para eliminar los paseos del ROP. El ROP se alimenta de un 4,25 % de los salarios. No obstante, cada mes solo ingresa un 1,50 % a la cuenta del trabajador, pues un 1,50 % se va al Fondo de Capitalización Laboral durante un año y un 1,25 % permanece en el Banco Popular durante dos años. En el 2011, la Supén calculó que el costo de estos paseos representaba cerca de un 7 % de la pensión del trabajador.
Por tanto, en lugar de intentar debilitar la Ley de Protección al Trabajador con el retiro del ROP en un solo monto, lo recomendable sería fortalecerla y retomar el proyecto de ley 17597 presentado por la Supén hace ocho años. La iniciativa tiene como objeto que los dineros del ROP se acrediten de forma directa a la cuenta individual del trabajador y le genere una rentabilidad superior al fondo de pensiones, lo cual redunda en una pensión más alta.
Aunque esta última propuesta requiere tiempo para ver sus efectos positivos, pues los dineros se deben capitalizar, la suma de las tres medidas indicadas en este artículo permitiría elevar la pensión del retiro programado, en el caso del individuo utilizado en este artículo, en más de un 57 %, de unos ¢59.000 a casi ¢93.000.
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El autor es economista, exsuperintendente de pensiones.