El jueves el medio de comunicación Confidencial reveló un Protocolo de respuesta al coronavirus, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), en el cual se describen algunas de las medidas internas adoptadas por el gobierno de Nicaragua para responder a la pandemia del covid-19.
Según el documento, que hasta ese momento era mantenido en secreto, el gobierno calcula que en seis meses habrá 32.500 personas contagiadas en Nicaragua y, cuando menos, 813 muertos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de esa advertencia, el Ministerio de Salud no ha diseñado una verdadera estrategia de prevención basada en campañas de información para los ciudadanos ni medidas básicas para evitar la propagación del virus, como el establecimiento de cuarentenas o restricciones para los viajeros procedentes de países ya afectados por la pandemia.
Por el contrario, prevalece en las máximas autoridades una actitud secretista y negacionista, que antepone el delirio de poder de los gobernantes y su urgencia económica recaudatoria, al derecho a la salud y a la vida de los nicaragüenses.
Solo así se explica que, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evitar aglomeraciones, la vicepresidenta Rosario Murillo haya convocado el sábado en Managua una manifestación masiva del partido FSLN y los servidores públicos, financiada con recursos del Estado.
Menosprecio por la vida. Fue una especie de caminata y carnaval, con música y baile incluidos, bajo el eufemístico título de “Amor en tiempos de covid-19”, en el que participaron decenas de miles de personas: hombres y mujeres, adultos mayores y niños, para rendir culto a la personalidad del caudillo, ante el elocuente silencio del enviado especial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien 24 horas antes elogiaba la preparación del sistema de salud nicaragüense.
Después de la represión que se saldó con la muerte de 300 personas que protestaron en el 2018 y tras la imposición de un estado policial, que ha conculcado el derecho de reunión, la libertad de movilización y las libertades de prensa y de expresión, creía haber visto todo en materia de desprecio por los derechos ciudadanos y el aferramiento al poder de Ortega y Murillo.
Pero ahora el régimen está poniendo en riesgo la salud de los nicaragüenses, especialmente la de los más pobres, incluida la de sus mismos partidarios.
El país se encuentra frente a un acto de irresponsabilidad extrema, que algunos atribuyen al estado de salud mental de la pareja presidencial, aunque la locura nunca es un atenuante para la comisión de crímenes de Estado.
Síntomas de agotamiento. En realidad, Nicaragua está viviendo los efectos impredecibles de la crisis política terminal de una dictadura: el desgobierno y la ausencia del gobernante solamente son el síntoma de la enfermedad.
Como en 1979, durante la crisis del somocismo, gobierna un ausente, quien no solo es responsable de crímenes de lesa humanidad, sino que, con su indolencia, está conspirando con ventaja y alevosía contra la salud de la población.
La irracionalidad del régimen que se resiste a declarar una emergencia para prevenir el coronavirus ha generado toda clase de conjeturas sobre cuáles son sus objetivos ulteriores.
Una de las más plausibles es que Ortega quiere evitar a toda costa que se vea afectado el nivel agregado de consumo y la supuesta normalidad económica que hay en el país.
La prioridad del régimen, autoproclamado “cristiano, socialista y solidario”, no son los seres humanos, ni siquiera la economía, sino únicamente recaudar impuestos y alimentar el esquema de extorsión que mantiene a flote las finanzas públicas para pagar la planilla de la represión.
Recesión. Lo cierto es que bajo la dictadura de Ortega, mucho antes de la inminente llegada del coronavirus, Nicaragua ha vivido ya tres años consecutivos de recesión causada por la crisis política.
La reactivación de la economía, por tanto, no depende de abrir las puertas del país a la pandemia, que más bien podría sellar el colapso del Estado, sino de desalojar del poder a la dictadura Ortega-Murillo.
La salida radica en ejercer más presión cívica, conjuntamente con la presión y las sanciones internacionales, hasta lograr el levantamiento del estado policial. Ese es el primer paso para convocar una reforma política y elecciones libres, para terminar con la dictadura y sacar al país de la postración y la crisis económica.
Mientras tanto, la alternativa que les queda a los nicaragüenses es organizar una gran cruzada ciudadana con el apoyo de médicos y epidemiólogos, medios de comunicación independientes, gremios empresariales, colegios y universidades, familias y comunidades, y las iglesias católica y evangélica, para derrotar el secretismo y la odiosa manipulación informativa oficial.
Es imperativo coordinar, desde la sociedad civil, una estrategia nacional de prevención para enfrentar la pandemia del coronavirus, a pesar de Ortega y Murillo.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.