Los gobiernos de todo el mundo se están preparando para la 15.ª Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que tendrá lugar en Kunming, China.
Esta no es una reunión ordinaria: su objetivo será completar un nuevo marco de políticas de biodiversidad que funcione para todos los Estados miembros.
Si bien el CDB adoptó las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica en el 2010, la comunidad internacional ha sido indudablemente ineficaz en lograrlas. Algunos países que albergan vastas extensiones de bosques tropicales gastan hasta 100 veces más en subsidios que causan deforestación que en ayuda para prevenirla, y el panorama global suele ser aún peor en otras latitudes.
La próxima década mostrará que ya no podemos tratar la destrucción de la naturaleza como “algo normal y cotidiano”.
Nos estamos acercando rápidamente a puntos de inflexión medioambientales y climáticos que podrían desencadenar bucles de retroalimentación catastróficos, lo cual hará del cambio climático una crisis imposible de revertir.
Un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) emitido a principios de este año muestra que nuestras actividades actuales podrían conducir a la extinción de hasta un millón de especies en las próximas décadas.
Dado que tales pérdidas para la biodiversidad pondrán en peligro el futuro de la humanidad, ahora es el momento de asumir un liderazgo público y privado eficaz porque no habrá otra oportunidad. Al desarrollar un marco para alinear las políticas y prácticas industriales en el mundo, debemos centrarnos en diez prioridades clave que pertenecen a todo nuevo marco del CDB.
Primero, debemos poner fin al comercio mundial de especies silvestres y en vías de extinción, declarando ilegal la práctica en los países proveedores y los de destino. Tal como están las cosas, la comunidad internacional no hace nada al respecto.
En segundo lugar, necesitamos un acuerdo mundial sobre cómo regular la pesca industrial en altamar, ya que los subsidios industriales están contribuyendo a una sobrepesca insostenible.
Tercero, debemos poner fin de inmediato a la tala y la quema a escala industrial de los bosques primarios, ya sean tropicales, boreales o templados.
Permitir tales actividades no tiene sentido. La tala industrial no beneficia a los Gobiernos ni a las comunidades indígenas, que son los actores a quienes se les debe permitir cultivar sus propias tierras de manera sostenible.
Una cuarta prioridad relacionada es prohibir la deforestación en todos los ámbitos. En muchos países, despojar un terreno de su floresta se lleva a cabo legalmente, simplemente presentando una solicitud de cambio del uso de la tierra en una parcela determinada.
Alcanzar un mundo con materias primas sin deforestación requerirá del apoyo de empresas privadas y consumidores dispuestos a cambiar.
Quinto, necesitamos que todos los gobiernos adopten un impuesto al carbono, sin el cual estaremos promoviendo un fracaso de mercado. Actualmente, no solo subsidiamos los combustibles fósiles, sino que también proporcionamos una amplia compensación por el secuestro de carbono que es proporcionado por los bosques tropicales, los sistemas agroforestales, los manglares y los humedales. Si bien los precios del carbono en los mercados voluntarios promediaron $3 por tonelada de CO2 en el 2016, el precio mundial debería situarse en el orden de $40 por tonelada si queremos cumplir los objetivos de reducción en virtud del Acuerdo de París del 2015.
Un impuesto al carbono puede ser políticamente complicado, pero económicamente es perfectamente lógico. Costa Rica introdujo un gravamen al carbono en el 1997, que genera hoy $32 millones al año. Los fondos se utilizan para proporcionar servicios ambientales a comunidades indígenas, agricultores y otros que plantan árboles con la intención de aumentar la biomasa en el paisaje productivo.
En sexto lugar, debemos adoptar un nuevo objetivo financiero para los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de biodiversidad. Estamos invirtiendo un mero 0,08 % del producto interno bruto (PIB) mundial en conservación natural.
Si podemos comprometernos a movilizar el 1 % del PIB mundial bajo el nuevo marco, tendremos los recursos para cumplir los demás objetivos que fijemos. Aunque los programas de conservación son un asunto interno de los Gobiernos, el objetivo debe enmarcarse desde un punto de referencia multilateral, dado que la pérdida de biodiversidad es un problema compartido.
Sétimo, debemos detener, y revertir, si es posible, las actividades de degradación, reducción o pérdida de protección legal en áreas protegidas. En Estados Unidos, y en otros lugares, el movimiento para desregular las tierras protegidas o para despojarlas por completo de su estatus legal de áreas protegidas, está bien financiado y es poderoso. Obviamente, tales esfuerzos representan una amenaza directa para la conservación.
En octavo lugar, debemos apuntar a eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso antes del final de la próxima década, debido a que la acumulación de plásticos no biodegradables está impidiendo muchos otras labores de conservación.
Noveno, en una línea similar, debemos comenzar a pensar en cómo podemos imponer gravámenes a todo tipo de contaminación. En demasiados casos, contaminar es simplemente gratis. En ausencia de costos, el problema solo empeorará.
Finalmente, los gobiernos necesitan adoptar urgentemente sistemas ecológicos de contabilidad nacional. La formulación eficaz de políticas requiere de los mejores datos disponibles. En la medida en que el sistema económico actual no tome en cuenta la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero, dicho sistema es parte del problema, no de la solución.
Al buscar un nuevo marco mundial para la biodiversidad, debemos prestar atención a las lecciones provenientes de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El Acuerdo de París fue posible cuando los países se dieron cuenta que comprometerse a reducir sus emisiones favorecía a sus propios intereses.
Esa comprensión aún no se ha arraigado entre las partes del CDB. Tenemos el período entre ahora y la reunión en Kunming para asegurarnos de que así sea.
Carlos Manuel Rodríguez: es ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica.
Álvaro Cedeño Molinari: es exembajador de Costa Rica en Japón y ante la Organización Mundial del Comercio.
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