NUEVA YORK– Las protestas masivas en Argelia y Sudán, recientemente, han derrocado a dos autócratas envejecidos, poniendo fin a 20 y 30 años, respectivamente, de regímenes absolutistas. En ambos países, los insurgentes están enfrascados en negociaciones con el Ejército, los gestores de facto de una transición hacia un nuevo orden político. El resultado de estas luchas de poder ayudará a determinar si Argelia y Sudán se vuelven más democráticos y prósperos o si, en cambio, se suman a una cadena de décadas de esperanzas frustradas en la región.
Los manifestantes parecen estar plenamente conscientes de los peligros de la “trampa egipcia”, por la cual un general que asume el cargo de un gobierno supuestamente interino termina convirtiéndose en un presidente de por vida. Abdelfatah el Sisi, el general devenido presidente de Egipto, se mantendrá en el cargo hasta el 2030.
Otorgarle demasiado poder al Ejército no solo afectaría las esperanzas democráticas de los manifestantes argelinos y sudaneses. También aumentaría el riesgo de que los generales sigan consumiendo una porción excesiva de los recursos públicos de por sí escasos, bloqueando a la vez reformas económicas que se necesitan con urgencia.
Los legados del pasado pesarán fuertemente en el futuro. Ambos países recibieron el impulso del auge del petróleo de los años 2000, que reforzó el control férreo del poder por parte de regímenes envejecidos. Ninguno utilizó los recursos petroleros como una palanca para el desarrollo económico. Por el contrario, sus líderes recurrieron al clientelismo y la represión, y reservaron una gran parte del gasto público para su base política y equiparon grandes fuerzas de seguridad para hacer frente a las insurrecciones.
Si bien la bonanza petrolera ayudó a los gobiernos argelino y sudanés a expandir sus ejércitos, luego se mostraron reacios a recortar el gasto durante el colapso que vino después. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), los gastos militares en estos dos países (como un porcentaje del gasto total del Gobierno) estuvieron entre los más altos del mundo en el 2017, equiparables con los de países como Arabia Saudita e Irán. Este derroche militar puso en peligro la estabilidad macroeconómica y transfirió un porcentaje desproporcionado de la carga del ajuste fiscal al resto de la población.
En Sudán, la secesión del sur del país en el 2011 condujo a una caída dramática de los ingresos petroleros, del equivalente al 16 % del PIB en el 2007 a menos del 1 % en el 2017. Frente a una escasez de financiación externa, Sudán tuvo que hacer un fuerte ajuste. En el mismo período de diez años, el gobierno recortó el gasto público del 21 % al 10 % del PIB. Los subsidios se rebanaron y los servicios sociales se recortaron fuertemente, lo que desató la furia popular. En cambio, el porcentaje de los gastos totales asignado al Ejército trepó del 21 % en el 2007 a por lo menos el 31 % en el 2017, cuando el gasto del gobierno se derrumbó.
Argelia se vio más afectada, cuando cayeron los precios del petróleo en el 2014. Como resultado de ello, los ingresos petroleros del país disminuyeron un 50 % entre el 2007 y el 2017. El gobierno hasta ahora ha financiado el gran déficit fiscal (equivalente al 9 % del PIB en el 2017) con las reservas acumuladas, pero esto no puede continuar por mucho tiempo.
Mientras tanto, el gasto militar aumentó de casi el 9 % al 16 % de los gastos gubernamentales totales entre el 2007 y el 2017, transformando al Ejército de Argelia en el segundo más grande de África (después del de Egipto). Mientras el propio gasto gubernamental aumentó marcadamente en el mismo período, el presupuesto de defensa de Argelia se duplicó y hoy representa casi un tercio de los ingresos petroleros del país.
Los ejércitos de ambos países se esforzarán por proteger sus intereses económicos, que están hoy en riesgo. Sin embargo, para acelerar el crecimiento hará falta no solo una estabilidad macroeconómica, sino también una mayor devolución de poder. Eso incluye más competencia para inyectar dinamismo a los mercados, más descentralización para mejorar la oferta de servicios públicos y un sistema judicial y medios más independientes. Los regímenes militares no pueden lograr nada de eso, ya que tienden a centralizar aún más la toma de decisiones económicas y políticas, por temor a perder su frágil control del poder.
La “república militar” de Egipto ejemplifica estos riesgos. Si bien Sipri calcula que el Ejército egipcio representa solamente el 4,6 % de los gastos del Gobierno, la amplia red de empresas del Ejército lo convierte en el mayor actor económico del país. Su presupuesto no está ni auditado ni gravado, y una ley reciente protege a sus miembros del alcance de las cortes civiles.
Pero si bien Sisi ha marginado a los tribunales, los sindicatos y los medios independientes, no ha podido aplastar a la oposición de Egipto, lo que resultó en un aumento del extremismo y la violencia. Con un riesgo político elevado, la inversión privada en el 2017 representó apenas el 6 % del PIB, según el Banco Mundial, el nivel más bajo desde 1970. Para compensar el bajo crecimiento, Sisi ha aceptado el apoyo divisivo y la influencia de Arabia Saudita.
En Túnez, en cambio, ha aumentado la libertad, ha mejorado la seguridad y la economía ha comenzado a recuperarse. A pesar del sistema político excesivamente competitivo y la situación macroeconómica todavía caótica del país, la inversión privada ha subido hasta el 18 % del PIB después de caer a un mínimo del 13,1 % en el 2013.
En Argelia y Sudán, los manifestantes tienen cartas fuertes. Hasta el momento, el Ejército ha intentado juzgar el estado de ánimo, y la calle tiene poder de veto. Si las protestas en ambos países siguen siendo masivas, sus ejércitos tendrán que hacer concesiones.
El juego no es de suma cero. Los jefes del Ejército y los manifestantes coinciden en la necesidad de achicar la Policía sobredimensionada, las milicias semilegales, el servicio secreto dominante y la Guardia Nacional excesivamente remunerada. Todos ellos se han reproducido como hongos en el régimen anterior, favorecido por el precio del petróleo. Recortar el tamaño y la influencia de estos grupos le permitirá al Ejército erigirse como el único guardián de la seguridad nacional.
Los manifestantes argelinos y sudaneses parecen haber aprendido lecciones difíciles de la Primavera Árabe. Hasta el momento, han demostrado un compromiso inquebrantable con la reducción del papel de gobernanza de los ejércitos de sus países. Las próximas semanas demostrarán si pueden quitarles suficiente poder a los generales para empezar a construir un futuro más esperanzador.
Ishac Diwan: es profesor visitante en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y titular de la Cátedra de Excelencia Mundo Árabe en Paris Sciences et Lettres.
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