La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y nuestra Constitución Política disponen que todas las personas tienen derecho a servir en la función pública en igualdad de condiciones.
El instrumento técnico idóneo para que se cumpla este precepto es sin duda el concurso abierto, pero nuestra realidad es dramáticamente discriminatoria, pues, para trabajar en el Estado, es requisito ineludible el padrinazgo político.
Históricamente esa ha sido la tónica en toda la Administración Pública costarricense. Es función tradicional de quienes ejercen el poder político conseguir trabajo en el gobierno a sus partidarios, familiares y amigos.
Es incuestionable la capacidad de nuestros administradores públicos para aparentar realidades inexistentes, particularmente en lo referido a nombramientos por compromiso político.
Las leyes y reglamentos prescriben la figura del concurso y afirman con desenfado el cumplimiento inescrupuloso de este procedimiento.
La realidad es otra, los ingresos o ascensos son realizados a dedo, siempre aduciendo la urgencia de llenar la plaza. Se recurre al interinato como mecanismo para saltarse los concursos abiertos.
Vida resuelta. Cuando el pariente, amigo o partidario ingresa a la institución pública, lo usual es que obtenga su pensión y termine su vida laboral.
La propiedad de la plaza y los posibles ascensos los conseguirá mediante simulacros concursales llamados internos, lo cual quiere decir que, únicamente participará quien ya ocupa la plaza desde hace años.
Tanto los reglamentos como las convenciones colectivas legitimarán ese ingreso y esa carrera, sin verse jamás expuesto el empleado a la odiosa e indigna competencia, incompatible con su estatus de funcionario con experiencia. El concurso interno es la negación absoluta del concurso abierto.
Siguiendo los pasos de sus predecesores, el Partido Acción Ciudadana (PAC) ha sido proverbial en consolidar este sistema, y, así, nombrar a sus seguidores para fortalecer la agrupación.
Ejemplos emblemáticos de atropello a las normas nacionales e internacionales, así como a los principios éticos del sano manejo de los fondos públicos son la resolución DG-155-215, la convención del Ministerio de Trabajo, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Estatuto de Personal de la Asamblea Legislativa. Entre muchos otros que sería posible citar.
Estado de conveniencia. Desafortunadamente no se vislumbran alteraciones a corto plazo, por la sencilla razón de que a nadie le interesa cambiar el statu quo.
De plano debería excluirse el poder político, pues, de hecho, son los mayores beneficiarios del sistema imperante, del botín político, y en vez de corregirlo gestionan la consolidación en el proyecto de ley de empleo público en trámite legislativo, promovido por el Poder Ejecutivo.
Tal como está redactado, el texto impulsa, entre otras atrocidades, el concurso interno, lo hace oficial para toda la Administración Pública y excluye por omisión los concursos abiertos.
Tampoco existe un ente público o privado interesado en cambiar semejante aberración. Los órganos de control, como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Planificación, el Departamento Técnico de la Asamblea Legislativa o las universidades públicas, tienen el techo de vidrio, porque el sistema de padrinazgo político y familiar o el amiguismo opera en su interior. Jamás habrá concursos abiertos por oposición.
La crisis en materia fiscal, la ineficiencia del sector público, la corrupción y la injusticia con los trabajadores de la clase privada se resume en la frase inflación institucional, es decir, crecimiento irracional de instituciones públicas, de gastos, de salarios y pensiones, así como privilegios exorbitantes, producto de la violación reiterada de las normas constitucionales, especialmente en lo fiscal y el empleo público.
El país alcanzó una etapa en la cual el poder político es ejercido mayoritariamente por funcionarios en contra del principio rector originador de la administración pública moderna. En otras palabras, la neutralidad política es el requisito básico para una gobernanza democrática.
Una ley de empleo público concebida y redactada por dirigentes sindicales ignorará tal principio como piedra angular, que debe regular todo el quehacer estatal, y se constituirá en una magna convención colectiva donde se consolidarán privilegios ilegales, irracionales e injustos para los sectores que obligatoriamente deben financiar cuando exceso se les ocurra.
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El autor es exdirector de la Escuela de Administración Pública de la UCR.