LONDRES– En Europa, si uno va a un hospital público en busca de consejo médico, pretende recibir información precisa basada en la ciencia. Espera que el personal esté capacitado y certificado profesionalmente. Tendría expectativas similares en los predios universitarios, en las escuelas, en los refugios de mujeres u otras instalaciones dirigidas por el Estado, ¿verdad?
Veamos. En un nuevo informe, el sitio de noticias globales openDemocracy revela cómo mujeres y niñas reciben “desinformación y manipulación” en una escala extraordinaria en los “centros de crisis de embarazo” (CPC, por su sigla en inglés) en todo el mundo.
Respaldados por poderosos activistas norteamericanos con vínculos estrechos con la administración del presidente Donald Trump, y muchas veces con un aire de clínicas de salud, muchos de estos centros dicen ofrecer a las mujeres embarazadas “consejo” no sesgado. En realidad, el personal apunta a disuadir a las mujeres de practicarse abortos legales y, en algunos casos, acceder a la contracepción.
En la primera investigación de su tipo, openDemocracy mapeó el gasto global, las redes y las actividades de dos grupos antiaborto influyentes con sede en Estados Unidos, Heartbeat International y Human Life International. Juntos, han invertido $13 millones en todo el mundo desde el 2007 y han financiado y capacitado a cientos de organizaciones a escala global.
Enviamos reporteras encubiertas, que se presentaron como mujeres embarazadas vulnerables, a CPC afiliados a Heartbeat en 18 países, donde consistentemente recibieron información marcadamente engañosa y falsa, como, por ejemplo, “el aborto puede aumentar los riesgos de cáncer”, “una mujer necesita el consentimiento de su pareja para practicarse un aborto”, “los hospitales no tratarán las complicaciones médicas” o “las mujeres sufrirán un 'síndrome posaborto”. Todo eso, claramente, falso.
También enviamos a una reportera a recibir capacitación en Heartbeat, disponible online o en persona. A nuestra reportera le enseñaron a alentar a las mujeres a postergar el aborto y la contracepción de emergencia. En las capacitaciones, también dicen que los preservativos no son eficaces para evitar el embarazo y que hay que informarles a las mujeres que el aborto aumenta el riesgo de abuso de otros niños y podría “volver” homosexuales a sus parejas.
En Estados Unidos, hay miles de CPC. Luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1973 en Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo el territorio, Heartbeat fue uno de los muchos grupos que expandió un modelo que empezó como respuesta a la liberalización de las leyes de aborto estatales en los años sesenta.
Sus CPC muchas veces han sido cuestionados en Estados Unidos por presentarse como instituciones de salud neutrales, cuando en verdad les ocultan sus agendas antiaborto y religiosas a las mujeres que buscan ayuda. Pero, hasta ahora, la escala global de estas actividades no había sido mapeada.
El poder y la influencia de los conservadores religiosos estadounidenses en América Latina y África son bien conocidos. Como resultado de las restricciones antiaborto draconianas que han respaldado, las mujeres han sido encarceladas por tener abortos espontáneos y miles mueren a consecuencia de abortos inseguros cada año.
En Uganda, a nuestra periodista le dijeron que nunca podría amar “verdaderamente” y cuidar de algún niño después de un aborto, y que podría tener dificultades para volver a concebir. En Argentina, a una periodista que adujo estar en una relación abusiva le dijeron: “Ahora, eres una víctima, pero un aborto te haría parte de esa violencia ya que tú serás violenta”.
Sin embargo, la magnitud de estas operaciones en Europa ha sorprendido a legisladores, médicos y expertos en salud. Descubrimos más de 400 CPC afiliados a Heartbeat solo en Italia, y decenas más en España, Croacia, Serbia, Rumania y Ucrania.
En un CPC dentro de un hospital de Lombardía, a nuestra reportera le dijeron que tener un bebé puede curar la leucemia. En España, le dieron libros y artículos donde se afirmaba que el aborto causa trastornos de salud mental y ataques cardíacos. También le advirtieron de que las mujeres abortadoras tienen un “144 % más de probabilidades” de abusar de sus hijos.
Las organizaciones que dirigen estos centros han recibido financiamiento de Heartbeat y participaron en capacitaciones presenciales. También reciben fondos públicos y respaldos políticos: en Italia, del líder de extrema derecha Matteo Salvini; en España, del partido de extrema derecha Vox.
Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, encuentra sumamente “perturbador” que grupos extranjeros estén “intentando proactivamente privar a las mujeres de sus derechos legales… engañándolas deliberadamente”. Lo llama “una regla de cuestión legal”. Ningún legislador, no importa su posición con respecto al aborto, debería mantenerse al margen mientras “se burlan las leyes de su país a través de desinformación, manipulación emocional y engaño rotundo que apuntan específicamente a las mujeres embarazadas”.
¿Qué se puede hacer? Es revelador que las reporteras de openDemocracy no recibieran estas falsedades extremas cuando visitaron los CPC en Norteamérica. En Estados Unidos, Heartbeat tiene un “compromiso de atención” que promete que las mujeres siempre recibirán “información precisa”, incluso sobre aborto y contracepción, y con una publicidad y una comunicación que sean “veraces y honestas, y describan con precisión los servicios" que ofrecen.
Si bien muchos de los afiliados globales de Heartbeat claramente no siguen estas reglas, parece que la presión legal y el mayor escrutinio en Estados Unidos ha tenido cierto efecto, a pesar de las fuertes protecciones de la libertad de expresión de Estados Unidos. Eso significa que, sin duda, hay lugar para una acción más ambiciosa en la Unión Europea. No puede estar bien que la mayoría de los países de la UE exijan una licencia para vender vitaminas, pero no para practicarle a una mujer embarazada un ultrasonido. Todos los países que investigamos tienen leyes o regulaciones que prohíben la publicidad falsa o engañosa de bienes o servicios; sin embargo, no encontramos ninguna evidencia de demandas legales contra los CPC bajo estas reglas fuera de Estados Unidos.
Existen medidas obvias que se pueden tomar en países como Italia, donde los legisladores nacionales y regionales deben prohibir de manera urgente los CPC de los hospitales públicos y, esencialmente, mejorar el suministro de consejo preciso basado en la ciencia, educación y servicios de atención médica para mujeres y niñas. La falta catastrófica de estos servicios en Italia ha creado un vacío que algunos conservadores religiosos han llenado hábilmente. En particular, muchas de las pacientes que vieron nuestras reporteras en los CPC italianos eran mujeres romaníes (gitanos) y migrantes; de la misma manera, en España, observamos migrantes latinoamericanas en aprietos financieros.
Otros países han hecho algunos esfuerzos. En el 2017, Francia convirtió en delito ofrecerles a las mujeres información falsa sobre el aborto, aunque todavía no se han registrado casos bajo esta ley, y los grupos de defensa de los derechos cuestionan su efectividad. El mismo año, Irlanda presentó propuestas para una nueva ley destinada a regular a los asesores, después de que periodistas descubrieron que personal en un CPC les decía a las mujeres que el aborto causa cáncer, entre otras falsedades. Pero estas propuestas legislativas hoy están paralizadas.
Existe, y con razón, mucha discusión en Bruselas y en las capitales europeas sobre cómo combatir las noticias falsas online y frenar el poder de las grandes tecnológicas. Pero la difusión tóxica de desinformación offline es sin duda aún más insidiosa e influyente. ¿Uno tiene más probabilidades de creer algo que le dicen en un hospital o que escucha de boca de un miembro confiable de la comunidad, o un aviso en Facebook?
Lo que la investigación de openDemocracy descubrió probablemente sea la punta del iceberg. Heartbeat y Human Life International son parte de un universo más amplio de evangelistas antiaborto que apuntan a mujeres y niñas vulnerables en todo el mundo. Hemos descubierto pruebas que ponen en la mira a cientos de CPC en otros países, desde República Checa hasta Kenia. El modelo es barato, muchas veces depende de voluntarios bienintencionados, y fácil de replicar. Es desinformación a escala global. Europa debe tomar la delantera y ponerle un freno.
Mary Fitzgerald: editora en jefe de openDemocracy.
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