NUEVA YORK Y LONDRES– El gobierno estadounidense intensificó innecesariamente su retórica contra China, con la afirmación de que hay en marcha un genocidio contra el pueblo uigur en la región de Xinjiang.
Una acusación de esa gravedad importa, ya que al genocidio se lo considera, con razón, «el crimen de crímenes». Muchos comentaristas reclaman un boicot a las Olimpíadas de Invierno 2022 en Pekín, a las que apodan «Olimpíadas del Genocidio».
La acusación de genocidio la formuló, durante el último día del gobierno de Donald Trump, el entonces secretario de Estado Michael Pompeo, quien nunca ocultó su fe en la mentira como herramienta de política exterior estadounidense. Ahora el gobierno del presidente Joe Biden insiste en la endeble afirmación de Pompeo, a pesar de que los principales expertos legales del Departamento de Estado al parecer comparten nuestro escepticismo respecto de la acusación.
El informe de este año del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en diversos países sigue a Pompeo en la acusación de genocidio en Xinjiang contra China.
El término se usa una sola vez en el prefacio y otra en el resumen del capítulo dedicado a China, de modo que a los lectores les queda la duda de cuál será la evidencia. Buena parte del informe se ocupa de cuestiones como la libertad de expresión, la protección de los refugiados y las elecciones libres, escasamente relacionadas con la acusación de genocidio.
Hay acusaciones creíbles de violaciones de los derechos humanos contra los uigures, pero estas no constituyen per se genocidio. Y hay que entender el contexto de la represión china en Xinjiang, que tuvo básicamente la misma motivación que la incursión estadounidense en Oriente Próximo y Asia Central tras los ataques de setiembre del 2001: poner fin al terrorismo de milicias islámicas.
Como explica el empresario y escritor residente en Hong Kong Weijian Shan, China experimentó reiterados atentados terroristas en Xinjiang durante los mismos años en que la fallida respuesta de Estados Unidos al 11‑S llevó a reiteradas violaciones estadounidenses al derecho internacional y a un derramamiento de sangre a gran escala.
De hecho, hasta finales del 2020, Estados Unidos clasificó como grupo terrorista a la organización uigur Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, luchó contra combatientes uigures en Afganistán y tuvo a muchos como prisioneros. En julio del 2020, Naciones Unidas señaló la presencia de miles de combatientes uigures en Afganistán y Siria.
La acusación de genocidio no es para hacerla a la ligera. Un uso inadecuado del término puede intensificar tensiones geopolíticas y militares y devaluar la memoria histórica de genocidios como el Holocausto, lo que dificultará su prevención futura. Es deber del gobierno de los Estados Unidos actuar con responsabilidad a la hora de formular una acusación por genocidio, algo que no ha hecho en este caso.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio (1948) define el significado del término para el derecho internacional, y decisiones judiciales posteriores lo aclaran. La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, incorporaron la definición de la Convención sin grandes cambios a la legislación nacional.
En las últimas décadas, los principales tribunales de la ONU confirmaron que la definición demanda un alto grado de evidencia de la destrucción física intencional de un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La definición considera que el genocidio implica que se haya cometido, cuando menos, uno de cinco actos concretos. Obviamente, la matanza encabeza la lista. El informe del Departamento de Estado sobre China habla de «numerosos relatos» de matanzas, pero «con pocos o ningún detalle», y menciona un único caso, el de un uigur detenido en el 2017 que murió por causas naturales, según las autoridades. El informe ni siquiera presenta razones para cuestionar la explicación oficial.
Técnicamente, puede demostrarse que hubo genocidio incluso sin evidencia de matanza. Pero como los tribunales exigen demostrar que hubo intención de causar la destrucción física de la colectividad en cuestión, es difícil sostener una acusación de genocidio sin dicha evidencia. Esto se aplica especialmente a casos en los que no hay pruebas directas de intención genocida (por ejemplo, documentos oficiales), sino apenas evidencia circunstancial, lo que los tribunales internacionales denominan «pauta de conducta».
Estos han dicho en más de una ocasión que para basar una acusación de genocidio solamente en inferencias extraídas de una pauta de conducta antes hay que descartar, en forma concluyente, cualquier explicación alternativa.
Por eso, la Corte Internacional de Justicia rechazó en el 2015 la acusación de genocidio contra Serbia y la contraacusación contra Croacia, pese a la evidencia de una limpieza étnica brutal en esta última.
Descartado lo que antecede, ¿qué otras pruebas puede haber de un genocidio en China? El informe del Departamento de Estado hace mención del encierro en campos de internación de, tal vez, un millón de uigures. De demostrarse, eso constituiría una grosera violación de los derechos humanos, pero una vez más, no es evidencia, per se, de una intención de exterminio.
Otro de los cinco actos de genocidio reconocidos es la imposición de «medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo». El informe del Departamento de Estado menciona la fuerte política china de control de la natalidad, que hasta hace poco se aplicaba en forma estricta a la mayoría de la población china, pero con mayor flexibilidad en el caso de las minorías étnicas (incluidos los uigures).
Hoy la política de hijo único no es aplicable a la etnia mayoritaria china han, pero se han impuesto medidas más estrictas a la minoría musulmana de Xinjiang (cuyas familias son tradicionalmente más numerosas que la china promedio).
Aun así, Xinjiang registra una tasa general de crecimiento poblacional positiva, y su población uigur creció más rápido que las otras etnias en el período 2010‑2018.
La acusación de genocidio la impulsan «estudios» como un informe del Newlines Institute que hace poco tomó estado público. A Newlines se le describe como un centro de análisis «independiente» con sede en Washington. Pero un examen más cercano revela que es un proyecto de una minúscula universidad de Virginia con 153 alumnos, 8 profesores de tiempo completo y una agenda política evidentemente conservadora. Otros importantes organismos de derechos humanos se abstuvieron de usar el término.
Expertos de la ONU están pidiendo con razón que Naciones Unidas investigue la situación en Xinjiang. El gobierno chino, por su parte, afirmó hace poco que recibirá con agrado una misión de la ONU a Xinjiang que se base en «el intercambio y la cooperación», no en una «condena anticipada».
Si el Departamento de Estado no puede presentar pruebas en respaldo de la acusación de genocidio, debe retirarla. En tanto, debe apoyar una investigación de la situación en Xinjiang, con patrocinio de la ONU.
La actuación de la ONU, y en particular de sus relatores especiales sobre derechos humanos, es esencial para promover la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Jeffrey D. Sachs: es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y director de su Centro de Desarrollo Sostenible. También es presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
William Schabas: es profesor de Legislación sobre Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Leiden.
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