Una sala del Tribunal Supremo español sentenció recientemente que es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social originadas, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas.
La elaboración de textos normativos —leyes, sentencias y hasta contratos— que satisfagan mínimos de calidad técnica es labor exigente y con frecuencia poco exitosa.
No es un tema menor. Tampoco lo es, supongo, si se trata de otra clase de textos que no están hechos para regular, sino, por ejemplo, para informar.
No me refiero a textos maliciosamente sesgados, en los que prima una ambigüedad deliberada. Más bien, a casos que denotan desidia, descuido o inepcia de quien los prepara.
Un ejemplo hilarante ilustra lo que digo: cierto diario titulaba una noticia así: “Cuerpo sin cabeza en un bar sin ropa”.
La tarea de quienes redactan un cuerpo normativo —una ley, por ejemplo— parece consistir en limitar o reducir al máximo el potencial interpretativo del texto, específicamente, en su dimensión literal; es decir, de precisarlo y librarlo de ambigüedad, de modo que refleje claramente la voluntad de quien lo dicta.
Esta es una exigencia jurídica, cuya desobediencia tiene consecuencias como las que menciona la sentencia aludida al principio.
Pero hay otros efectos inconvenientes, de naturaleza política, no menos graves que los anteriores.
De hecho, la imprecisión del producto normativo (la ley) modifica la posición de poder preeminente de los emisores del texto (el cuerpo legislativo) con respecto a los destinatarios de este (la administración, los jueces y los simples particulares), dado que los últimos tienen que “reinventar” el sentido preciso del texto y, por consiguiente, sustituir la voluntad de quien lo dictó.
La sentencia que mencioné al principio añade que la imprecisión de las normas jurídicas se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal español.
Esto mismo sucede entre nosotros: piense en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero podría citar otros muchos ejemplos.
La buena ley, entendida simplemente como la que trasmite con claridad y precisión la voluntad unitaria del órgano legislativo, fortalece el sistema democrático.
c_arguedas@yahoo.com
El autor es exmagistrado.