El Ministerio de Economía (MEIC) subió el impuesto, o arancel, a la importación de azúcar. Si alguien quiere traerlo del exterior, deberá pagar no un 45 %, como ha sido hasta ahora, sino un 80 %, calculado sobre el valor CIF, que incluye el precio en el país de origen, transporte terrestre y marítimo, almacenamiento, carga, descarga y desalmacenaje para ponerlo en aduanas.
Se plantea como una “salvaguarda” para proteger de la competencia al productor nacional. Lo más grave es que el MEIC tomó la decisión en contra de lo recomendado por sus propias instancias técnicas.
La Dirección de Defensa Comercial dictaminó que no procedía la salvaguarda solicitada por cuatro ingenios más la Liga de la Caña (Laica). Los jerarcas se apartaron de ese criterio, en dudoso conflicto de intereses y posibles ilegalidades, y promulgaron el decreto solicitado.
El país produce anualmente cerca de 225.000 toneladas de azúcar. Como la demanda interna es de 237.500, las restantes 12.500 son traídas de Brasil y Canadá.
Aunque suene increíble, el azúcar importado, con todos esos costos asociados, más el impuesto de importación del 45 %, sale más barato que al precio en que se vende internamente.
Como el importador está obligado a comercializarlo al precio fijado por Laica, es decir, el conveniente para los empresarios nacionales, no puede bajar los precios, aunque le convendría para aumentar su participación en el mercado, como sería lo normal en una competencia.
Se lo prohíben las reglas monopolísticas existentes. Esto revela el injusto sobreprecio pagado por los consumidores locales en demérito de sus ingresos y bienestar.
El objetivo. Aunque esas importaciones representan solo el 5,3 % de la demanda local, los azucareros quieren que se prohíba la importación.
Su objetivo es que potenciales productores, con costos más altos —ya sea porque usan tecnologías obsoletas, carecen de equipos sofisticados o capital, o cultivan en tierras o climas no aptos—, entren al negocio, aunque apenas cubran los gastos.
No están motivados por el altruismo con los pequeños productores, es que les resulta un negocio redondo: el precio que se fijará será mucho más alto para toda la producción, no solo para los productores ineficientes.
El 95 % de la producción actual se efectúa a costos mucho más bajos y ya dejan jugosas ganancias. Como para fijar los precios la referencia es el costo del productor más ineficiente (quien produce azúcar deshaciendo tapas de dulce) y el precio es igual para todos, quienes antes obtenían ganancias razonables ahora harán clavos de oro.
Además, tener productores sobreviviendo apenas gracias a los precios vigentes es muy conveniente, pues es a quienes exhiben y ponen a desfilar cada vez que desean hablar de “la enorme crisis en que viven los 7.500 pequeños productores y sus familias”, como dijo una diputada.
Subir el arancel al 80 % es volver prohibitiva la importación y nos traerá serias consecuencias en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Si los países afectados nos demandan, pasaremos por un calvario similar al del aguacate. Si con este se esperan sanciones hasta por $500 millones, imagine cuánto nos costará esta nueva violación a nuestros compromisos comerciales. ¡Sigamos sumando! Estamos en pandemia y la gente no se da cuenta.
El país no gana nada. Aunque cuesta verlo, este impuesto es un subsidio directo de los consumidores a los industriales de la caña.
Como no habrá importaciones, el Estado no recauda nada, pero los azucareros se quedarán con todos los beneficios, gracias al aumento de sus precios. Es como si el gobierno cobrara el impuesto y se lo pasara íntegramente a ellos.
Alguien me preguntó: “¿Dónde dice en el decreto de salvaguarda que los precios van a subir?”. No es necesario porque el arancel deja en manos de los productores el manejo de los precios a su conveniencia, más en el caso del azúcar, que los fijan los propios interesados.
¿Cómo funciona la salvaguarda? Suponga que usted produce paraguas y los vende a ¢1.400, con lo cual obtiene una ganancia razonable.
Le gustaría subir el precio a ¢1.600 para ganar más, pero no puede porque alguien, pagando un 45 % de arancel, puede importarlos y venderlos a ¢1.500. Usted perdería su mercado.
Pero si tiene buenos amigos en el gobierno y los convence (¿con qué métodos o argumentos? Chi lo sa) de poner un arancel o salvaguarda (impuesto a la importación), digamos de ¢1.000 por paraguas importado, quien los traiga deberá venderlos a ¢2.500 y no podrá competir con los suyos. Cesará la importación y dejará un comodísimo margen para subir el precio, digamos a ¢2.400. Su mercado está blindado y sin competencia.
Con los ¢1.400 obtenía ganancias; sin embargo, de la noche a la mañana, subirá su precio a ¢2.400 y obtendrá ¢1.000 más por cada paraguas sin ningún esfuerzo.
El consumidor, quien debería pagar ¢1.400 por paraguas, deberá desembolsar ¢2.400. Multiplique esos ¢1.000 por el número de paraguas (digamos, un millón) y sus utilidades aumentan, de súbito, en ¢1.000 millones.
Ese es el subsidio para el productor protegido. Se lo cobra directamente al consumidor y se lo embolsa, sin pasar por las cajas del Estado, el cual se lava las manos como si no hubiese hecho nada. Usted se hace millonario en un dos por tres.
Podríamos hilar más fino y pensar que si los paraguas suben tanto de precio el consumidor no seguirá comprando la misma cantidad.
Dependiendo de cuánto necesiten el paraguas, el productor ganaría un poco menos. Si la demanda se reduce a 800.000 paraguas, el productor se embolsa ¢800 millones. ¿Y los otros ¢200 millones? Los pierde el consumidor que, al verse imposibilitado de comprar el paraguas, tiene que mojarse: lo pierde en bienestar.
El azúcar y otros productos, como arroz, aceite, leche, sal, frijoles, harina, etc., son bienes de primera necesidad, imprescindibles para la gente.
El consumidor, irremediablemente, debe comprar la misma cantidad. A cambio, se verá obligado a reducir su gasto (su bienestar) en productos “de lujo”, como medicinas, carne, pollo, ropa, educación, etc.
Esto pasa con casi todos los bienes de la canasta básica. Realmente, es aterradora la falta de escrúpulos de los grupos que logran esa protección y de los funcionarios que la conceden.
dmelendeh@gmail.com
El autor es economista.